Javier Martínez Cruz, integrante del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), fue electo como Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), tras la celebración de la jornada electoral correspondiente, durante la cual participaron Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes de toda la República Mexicana.
Tras ser electo por unanimidad de votos de quienes conforman dicha Coordinación, el Comisionado del Infoem reconoció el desempeñó de Andrés Miranda Guerrero, integrante del Pleno del órgano garante de Durango, quien le antecede en este cargo y, aseguró, deja una Comisión con bases sólidas, lo que permitirá dar seguimiento a los proyectos ya iniciados.
“La labor de Andrés me permitirá continuar con los avances e implementar muchas más acciones para que la protección de los datos personales siga siendo un derecho real y vigente en México, además de fortalecerlo, con el fin de garantizar su ejercicio pleno a todos los habitantes. Tengan por seguro que en mí tendrán un Coordinador que buscará sumar”, aseguró el Comisionado del Infoem.
Cabe puntualizar que el plan de trabajo del Comisionado Javier Martínez Cruz, que se desarrollará en el periodo 2017-2018, tiene su eje transversal en el impulso a la emisión, implementación y evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, que fungirá como instrumento rector de las políticas públicas en la materia integradas y coordinadas por el SNT. Posteriormente, con la realización de programas estatales y municipales de protección de datos personales, se logrará cumplir el objetivo de garantizar este derecho de forma concurrente en todo el país, en virtud de que permitirán estrechar los lazos entre los órganos garantes, los sujetos obligados y la sociedad en general.
Para ello, el Comisionado Javier Martínez Cruz propone la integración de mesas de análisis que conduzcan al intercambio de ideas y buenas prácticas; la elaboración de un programa estatal y municipal de protección de datos personales modelo, que se adapte a las necesidades de cada entidad federativa; la proyección de estrategias de difusión para los derechos ARCO, y la intensificación de la capacitación a los sujetos obligados, entre otras actividades de diversa índole encaminadas al robustecimiento del derecho fundamental de protección de los datos personales.