- Fueron acusados injustamente por el homicidio de un empresario de origen español, el cual junto con autoridades de esa entidad despojó a dicha comunidad del agua y la tierra de la región.
- Durante el proceso judicial instruido en contra de los indígenas han sido documentadas numerosas inconsistencias.
- Diversas organizaciones sociales ha iniciado la campaña denominada #SentenciaRacista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue el caso de los seis indígenas del poblado de Tlanixco, estado de México, quienes permanecen en prisión desde hace más de diez años luego de ser acusados injustamente por el homicidio de un empresario de origen español, el cual junto con autoridades de esa entidad despojó a dicha comunidad del agua y la tierra de la región.
José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, aseguró que durante el proceso judicial instruido en contra de los indígenas han sido documentadas numerosas inconsistencias, carencia de credibilidad e imparcialidad de los denunciantes, así como señalamientos contradictorios.
Es por ello, aseguró, diversas organizaciones sociales ha iniciado la campaña denominada #SentenciaRacista, toda vez que las declaraciones que rindieron los denunciantes durante los primeros cuatro años de investigación, se ubica a “una señora morena y chaparrita” como una de las personas responsables de la muerte del empresario antes mencionado.
Es de este modo, fue acusada penalmente a Dominga González Martínez, precisó.
Estos tres calificativos, por generales, ambiguos y simples que parezcan, fueron suficientes para inculpar de un delito grave a una mujer adulta mayor que participaba activamente con su comunidad en la defensa de su derecho al uso del agua de un río que nace en Tlanixco, comentó el abogado del Zeferino.
En esta acusación, añadió, participó la Secretaría de Gob del Gobierno de México al proporcionar los datos personales de Dominga González Martínez a los denunciantes, información obtenida de las minutas generadas de una mesa de diálogo que tuvieron tiempo atrás dicha instancia y un grupo de representantes comunitarios indígenas de dicho lugar.
Hizo ver que con base a estas evidencias y muchas otras fue dictado su encarcelamiento, situación que constituye una grave violación a sus derechos humanos y una forma imperdonable de discriminación contra un grupo social vulnerable, como lo son los indígenas que defienden su territorio.
Recordó que actualmente hay seis personas sentenciadas por el delito de homicidio calificado y privación de la libertad, siendo sentenciados en primer lugar: Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, el día 13 de junio del año 2006, a cincuenta años de prisión. Y en segundo momento fueron sentenciados: Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, a cincuenta años de prisión, el 27 de noviembre del 2017.
Lara Duque aseguró que estas sentencias fueron impuestas a pesar de que de la propia acusación es difícil determinar el grado de participación de cada uno de los sentenciados; sin embargo, consideramos que se trata de dar un castigo ejemplar para intimidar al pueblo indígena.
Además, puntualizó, durante todo el proceso, no se respetaron sus derechos tomando en cuenta su calidad como personas indígenas, por lo cual no fueron juzgados en función de su contexto local social en donde los usos y costumbres son de gran importancia.
Al no existir evidencia que permita determinar el grado de participación de los hoy sentenciados, es imposible crear un nexo causal que relacione su conducta con el resultado material, concluyó.