La corrupción es un tema de dos: no sólo corresponde al servidor público, sino que también involucra al ciudadano, cuando acepta una calificación que no merece o soborna a un agente de tránsito con cualquier pretexto. “No vale ninguna excusa; si queremos abatir la corrupción, debemos empezar por nosotros mismos, sin aceptar lo que no hemos ganado ni trabajado para desquitar cada peso que nos pagan, pues, como servidores públicos, también somos ciudadanos”, puntualizó Javier Martínez Cruz.
El Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) afirmó, al impartir una capacitación al organismo de agua del municipio de Cuautitlán Izcalli, que, del Producto Interno Bruto (PIB), la corrupción representa casi 9% para el Estado de México, lo cual se traduce en cerca de 700 mil millones de pesos.
Con tal cantidad, es posible apreciar que la corrupción se lleva consigo la posibilidad de construir centenares de carreteras nuevas, de colocar cámaras de vigilancia, de edificar hospitales o de mejorar la infraestructura educativa, entre otras acciones.
Por ello, el Comisionado destacó que la transparencia y el acceso a la información pública juegan un papel fundamental para que las autoridades rindan cuentas de cada peso que se ejerce y para que los ciudadanos conozcan a dónde se va cada centavo del presupuesto asignado.
“La transparencia es una herramienta que, al generar confianza, nos beneficia a todos”, aseguró el Comisionado Javier Martínez Cruz, quien, al explicar las nuevas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, indicó a los funcionarios la obligación de publicar en sus portales toda encuesta realizada y pagada con recursos del erario, así como las actas de cabildo y las obras realizadas con recursos del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esto indica que las autoridades municipales deben hacer públicas las ampliaciones para proyectos de desarrollo regional, como la construcción de infraestructura vial y mejoramiento de inmuebles públicos, entre otras obras de impacto para la región.
Asimismo, agregó que, al publicitar la información, los funcionarios deben buscar el equilibrio entre los derechos fundamentales de acceso a la información pública y protección de los datos personales, al resguardar con oportunidad la información que constituya datos personales contenida, por ejemplo, en actas de nacimiento, credenciales de elector y claves de población, entre otros documentos que, de hacerse públicos, podrían poner en riesgo la seguridad o la vida de la persona.