Por unanimidad, la 60 Legislatura del Estado de México aprobó que las diputadas y los diputados dejen de ejercer el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), que permitía a cada uno de ellos acceder a 2.5 millones de pesos al año para la entrega de diversos apoyos.
El punto de acuerdo formulado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el diputado Maurilio Hernández González, fue analizado y avalado en sesión del Primer Periodo Ordinario, en la que legisladores coincidieron en que esta decisión abonará a la transparencia en el uso de los recursos públicos y el dinero destinado al PAC podrá emplearse en obras comunitarias de alto impacto.
Desde 2007, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México destina estos recursos a cada legislador para atender demandas sociales de la población en sus distritos electorales, por lo que en los tres años de cada Legislatura, cada diputado podía disponer de 7 millones 500 mil pesos.
“La Junta de Coordinación Política somete a la votación de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo mediante el cual las diputadas y los diputados del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México establecen el compromiso de no ejercer los recursos asignados en el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC)”, explicó la diputada Brenda Escamilla Sámano (PAN).
Al iniciar una ronda de oradores de su partido, el diputado Faustino de la Cruz Pérez, del Grupo Parlamentario de morena, criticó la opacidad con la que operaba el PAC y cuestionó si en la glosa del próximo informe del gobierno estatal se especificará la aplicación del programa.
El legislador Tanech Sánchez Ángeles, puntualizó que el PAC no mejoró en lo sustantivo la calidad de vida de los mexiquenses debido a su uso discrecional y con fines políticos y que es un programa que no se aplica en ninguna entidad de la república, solo en el Estado de México.
El diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez celebró la eliminación del programa, ya que desde el momento de su creación se trató de “recursos viciados” que permitieron la compra-venta de voluntades ciudadanas en las elecciones, e invitó a sus compañeros legisladores a revisar a detalle el presupuesto para el siguiente año y ver a dónde se destinará el dinero que se utilizaba para el PAC.
La legisladora Beatriz García Villegas, señaló que los diputados no son gestores de recursos y que se tiene que pedir a la Secretaría de Finanzas el estado del PAC; en tanto que su compañera María del Rosario Elizalde Vázquez, del distrito XXXIX, dijo que los beneficios del PAC ahora llegarán a la ciudadanía de manera igualitaria.
Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, del distrito XXXVII, mencionó que la eliminación del programa es una señal para el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, de que las cosas no serán igual que antes.
En nombre del Grupo Parlamentario del PRD, su coordinador, diputado Omar Ortega Álvarez, informó que desde hace cuatro legislaturas se solicitó no ejercer el PAC y que en aras de la transparencia y rendición de cuentas se debe solicitar al Ejecutivo no incluir el programa en el próximo ejercicio fiscal.
Del PT, el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, solicitó que se le exija al Gobierno del Estado de México que especifique la reasignación de recursos destinados al PAC y que no se utilicen de manera discrecional en las próximas elecciones.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, legislador Anuar Roberto Azar Figueroa, indicó que también su partido se pronunció en contra de la aplicación del PAC y recordó que todos los diputados de otras legislaturas usaron esos recursos. Al hacer un llamado para generar consensos y superar la etapa electoral, el legislador indicó que la 60 Legislatura tiene la responsabilidad de analizar el próximo Paquete Fiscal y vigilar a dónde se destinarán los recursos.
Sobre la eliminación del programa, el diputado Juan Maccise Naime, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que la decisión fue resultado del consenso de todas las fuerzas políticas y que su partido político está a favor de destinar los recursos para los sectores de la educación, salud y seguridad pública.
Cabe señalar que la eliminación de este fondo es acorde con las propuestas para tener congresos eficientes y austeros, conforme lo estableció el Instituto Mexicano para la Competitividad, que señaló en su Informe Legislativo 2018 que las ayudas sociales no forman parte de las funciones de un legislador, pues no deben dar despensas o juguetes, ni ofrecer ayudas económicas y tampoco construir obra pública, ya que esto representa también la invasión de funciones.