El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio considera que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México, decretada de manera unánime el día de ayer, 28 de julio, por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es un avance significativo que contribuye a disminuir la violencia feminicida en México.
Esta declaratoria es un hecho histórico al ser la primera que se emite desde su creación, en 2007, por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y después de cinco años de haber sido solicitada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México implica un reconocimiento por parte del Estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres,que se traduce en delitos del orden común. Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses.
De acuerdo con la información proporcionada por la PGJEM alOCNF, de 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales solo 145 fueron investigados como feminicidios, y entre 2011 y 2012 la procuraduría local informó que desaparecieron 1,258 mujeres, de las cuales más de 53% tenía entre 10 y 17 años de edad.
Una condición indispensable para esta declaratoria fue la investigación realizada por el Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional, conformado por PGR, SEDESOL, Secretaría de Salud, CONAPRED, INMUJERES y CONAVIM. Esta investigación tuvo como resultado la emisión de un informe que recupera información proporcionada por el OCNF y la CMDPDH y el gobierno del estado de México; misma que fue complementada por el análisis de estadísticas oficiales, entrevistas a autoridades y a familiares de víctimas de violencia feminicida.
Cabe resaltar que el grupo de investigación “considera muy grave el hecho de que el gobierno del Estado de México no cumpla adecuadamente con sus obligaciones en materia de información, puesto que la ausencia de dichos datos impide conocer la complejidad del contexto de violencia y cómo este afecta a las mujeres y generar acciones focalizadas que permitan responder adecuadamente a dicha problemática.”
En el mismo sentido, el grupo manifiesta su preocupación por el hecho de que las autoridades del Estado de México encargadas de la procuración e impartición de justicia no cumplan con su obligación de registrar y proporcionar información adecuada y precisa que permita comprender en su totalidad el fenómeno de violencia que sufren las mujeres en la entidad.
Respecto a la problemática de violencia feminicida identificada por el grupo de investigación, el OCNF destaca las siguientes conclusiones establecidas en el informe:
• En la mayoría de los casos de homicidios dolosos de mujeres se encuentran condiciones de crueldad e inhumanidad que podrían constituir violencia feminicida y advierte un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en el Estado de México, particularmente a partir de 2010.
• En el 57.67% de los casos la víctima no conocía al agresor o bien, el estado desconoce la identidad del victimario, dato que refleja que las agresiones a mujeres en el Estado de México no se reducen al ámbito familiar, sino que por el contrario, la violencia comunitaria tiene una alta incidencia en la entidad.
• Que en el periodo comprendido entre 2005 y 2010, en más de la mitad de los casos de homicidios cometidos en contra de mujeres (51%) no se ha formulado imputación alguna; mientras que en lo que respecta a los casos de feminicidios ocurridos de 2011 a agosto de 2014, casi el 40% de éstos se encuentran en la misma situación de impunidad.
• Una práctica común de las autoridades ministeriales para resolver los casos de violencia contra las mujeres cuando los agresores son pareja de la víctima, es recurrir a la conciliación como medida para inhibir la presentación de la denuncia o, que una vez presentada, al amparo del nuevo sistema de justicia penal, se alienta y presiona a las mujeres a conciliar con sus agresores.
• Otra práctica común de las autoridades ministeriales, identificada por el grupo, consiste en no brindar información a las y los familiares de las víctimas sobre el avance de las investigaciones o, bien, que los expedientes se trasladen constantemente de una agencia del Ministerio Público a otra o de una fiscalía a otra.
• Ante un clima generalizado de desconfianza en las autoridades de procuración de justicia, el grupo exhorta al estado de México a implementar medidas de revisión, supervisión y sanción a las y los servidores públicos que, por omisión, abuso o negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas o no investiguen, bajo la debida diligencia y con perspectiva de género, los casos de violencia contra las mujeres.
Las recomendaciones establecidas en el informe, en el marco de la declaratoria, están dirigidas a todo el estado de México y la Secretaría de Gobernación se comprometió a dictar las acciones urgentes para los once municipios identificados como los de mayor índice de violencia feminicida: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
El OCNF reconoce como un avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, que las autoridades federales y estatales que conforman el Sistema, en particular la Secretaría de Gobernación, CONAVIM e INMUJERES, hayan eliminado los obstáculos para la activación de este mecanismo de protección que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Finalmente el OCNF espera que el estado de México implemente de manera inmediata las acciones urgentes y recomendaciones de la declaratoria, atendiendo a la gravedad de la violencia feminicida y dará seguimiento puntual al cumplimiento de dichas acciones.