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Para establecer en la legislación mexiquense que los descendientes directos de los adultos mayores tengan la obligación de proporcionales cuidados primarios y atención integral y de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones, la diputada María de Lourdes Garay Casillas presentó una iniciativa para adicionar el Código Civil de la entidad.
A nombre del Grupo Parlamentario del PES, que coordina la legisladora Julieta Villalpando Riquelme, Garay Casillas apuntó que la Ley del Adulto Mayor del Estado de México ya señala la obligación de estos descendientes de proporcionarles una pensión económica para cubrir sus gastos, pero no se amplía a la obligación de proporcionarles esa atención integral.
El documento, presentado al Pleno de la 60 Legislatura en sesión del Segundo Periodo, establece que, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, en los países en vías de desarrollo se considera adulto mayor a la persona de 60 años o más, mientras que en los desarrollados son las que cuentan con más de 65 años.
En México, prosiguió, a este sector de la población se le considera vulnerable por múltiples factores y condiciones. “Los ancianos se ven propensos a padecer enfermedades crónico-degenerativas, que no son curables sino controlables, como disminución del sistema inmunológico, deterioro del intelecto, capacidad visual, auditiva y motriz, las cuales repercuten en la dependencia de otros”, acotó.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2010, 40% de los adultos mayores consideran que su situación económica es el principal problema que enfrentan, 37% creen que es el acceso a la salud y a medicamentos, mientras que el porcentaje restante considera que es su condición laboral.
La iniciativa de reforma al artículo 4.135 del Código Civil para establecer que los descendientes directos están obligados a cumplir lo dispuesto en los artículos 5, 30, 31 y 33 de la Ley de Adultos Mayores fue remitida para su análisis a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales.