Establecer la obligación de los titulares de los estacionamientos u operadores de estacionamientos públicos de contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que cubra los daños y robos, tanto totales como parciales, que pudieran sufrir los vehículos que son depositados en estos establecimientos, es el propósito de la iniciativa de los diputados del PAN, Anuar Azar Figueroa, coordinador del grupo parlamentario, y José Antonio García García.
En reunión de trabajo, las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero y la de Finanzas Públicas, que presiden los diputados Alfredo González González (morena) y Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), plantearon establecer una mesa de trabajo con especialistas y funcionarios para conocer sus puntos de vista, a fin de que este seguro aplique también a usuarios de motocicletas u otro tipo de transporte y para que la tolerancia en los estacionamientos se incremente a media hora.
Rodolfo Solorza explicó que la propuesta se fundamenta en una interpretación del Poder Judicial de la Federación, por la cual, cuando en un estacionamiento público ocurra el robo de un automóvil ello no se exonere al propietario del estacionamiento del pago de los daños que sufra el propietario de la unidad depositada, por el contrario, este obligado directamente a responder respecto de cualquier eventualidad que se presente con el vehículo.
El legislador precisó que entidades federativas como Zacatecas y la Ciudad de México, han logrado legislar en la materia y sus ordenamientos contemplan la obligación de los dueños de los estacionamientos públicos de contar con un seguro de responsabilidad civil que ampare los daños que se pudieran causar a los automóviles resguardados en dichos establecimientos.
La diputada Elizabeth Millán García (morena) manifestó su apoyo a esta iniciativa y planteó incluir en la propuesta que los estacionamientos públicos de la entidad tengan una tolerancia de 30 minutos, mientras que la legisladora María de Lourdes Garay Casillas (PES) consideró necesario que se aplique esta iniciativa en los bandos municipales y en los reglamentos que expiden para otorgar las licencias de funcionamientos.
La legisladora del PRI, Iveth Bernal Casique sugirió una reunión con las cámaras empresariales y empresas aseguradoras para conocer sus puntos de vista y operatividad de la propuesta y sus posibles implicaciones.
Antes, la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero también inició el estudio de la iniciativa propuesta por la diputada Rosa María Zetina González (morena) para crear el Fondo Municipal de Impulso al Emprendedor y Microempresario a fin de implementar programas y acciones dirigidas a emprendedores y microempresarios, de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, el Instituto Mexiquense del Emprendedor y los ayuntamientos.
Rosa María Zetina dijo que su propuesta establece que los recursos para este fondo municipal deberán preverse en la partida asignada al Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) en el Presupuesto de Egresos del Estado de México del próximo año.
INICIA EL ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTOS
Las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas de la 60 Legislatura iniciaron el análisis de dos iniciativas remitidas por el titular del Ejecutivo estatal que buscan que el gobierno estatal contrate financiamientos de hasta por mil 900 millones de pesos a fin de fortalecer el sector comunicaciones, la infraestructura hidráulica y la obra pública; y que los municipios puedan gestionar y contratar créditos que permitan atender a su población en situación de pobreza, respectivamente.
En presencia del procurador fiscal, José Manuel Miranda Álvarez, y David Guerrero Bordón, director de Operación de Crédito de la Secretaría de Finanzas, los legisladores acordaron invitar a representantes de las áreas involucradas del Gobierno estatal para que justifiquen por qué son necesarios estos financiamientos y para que aclaren las dudas respecto a las iniciativas.
Sugirieron, para este propósito, la instalación de mesas de trabajo, en la que puedan realizarse sesiones de preguntas y respuestas, y donde los legisladores puedan presentar sus aportaciones.