- El ombudsperson Jorge Olvera respaldó la iniciativa de reforma para fortalecer la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en los municipios mexiquenses.
- Coincidió con la diputada Karla Fiesco en considerar que los derechos humanos son la columna vertebral de la sociedad del Estado de México.
Toluca, Estado de México.- Al reconocer la importancia de la iniciativa de ley para certificar y profesionalizar a las y los defensores municipales de derechos humanos, el ombudsperson Jorge Olvera García aportó al análisis de la misma la visión especializada, técnica y jurídica de la Defensoría de Habitantes, durante la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Legislación y Administración Municipal con Derechos Humanos de la LX Legislatura local.
La diputada proponente Karla Fiesco García, explicó que el espíritu de la iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica Municipal y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es la certificación, que ayudará a profesionalizar a quienes están a cargo de las defensorías municipales, y su eje rector es la garantía y salvaguarda de los derechos humanos, por tanto, el órgano competente para capacitarlos es la Codhem.
Al respecto, Olvera García recalcó la urgente necesidad de inyectar elementos que los capaciten y hagan idóneos, por lo que pidió respetuosamente dar ese paso y dar la confianza en la Comisión y sea el ente que los certifique, a fin de que ofrezcan un mejor desempeño y servicio a la sociedad.
Los derechos humanos son la columna vertebral de la sociedad, sin embargo, actualmente menos de la mitad de los encargados del área tienen el perfil idóneo, por tanto, la certificación abonaría a la resignificación de los derechos humanos, más aún, cuando los municipios son el primer respondiente de muchos ilícitos que acontecen y de las seis mil 424 quejas recibidas en lo que va del año, ocupan el primer lugar con más de mil 800.
Respecto a la propuesta de la diputada Karla Fiesco para cobrar la certificación, acotó que no es un tema prioritario porque podría absorberse con el presupuesto anual que otorgue el Poder Legislativo o en otro caso se harían convenios con ayuntamientos, a fin de que no representen un gasto.