El Pleno de la 60 Legislatura aprobó por unanimidad exhortar a la secretaria y al subsecretario de Seguridad de la entidad, Maribel Cervantes Guerrero y Sergio Hernando Chávez García, para que informen de la capacidad de atención y prevención de los ilícitos de la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética.
El exhorto, aprobado también de manera unánime en sesión previa de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, incluye que sean destinados los recursos necesarios para esas actividades de la Policía Cibernética.
El acuerdo avalado dará la oportunidad de establecer mejores mecanismos para eliminar y contrarrestar la violencia a partir del uso de nuevas tecnologías, dijo el diputado proponente, Reneé Rodríguez Yánez, del PAN, y puntualizó que se dará seguimiento a los resultados de este exhorto, además de hacer las gestiones necesarias para que, en la parte presupuestal que le corresponde a aprobar a la Legislatura, se asignen los recursos suficientes para fortalecer a esta división de la Policía de la entidad.
LEGISLAR PARA GARANTIZAR EL PLENO RESPETO A LOS MIGRANTES
En el marco del Día Internacional del Migrante, la diputada de morena, Alicia Mercado Moreno, hizo un pronunciamiento en nombre de la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante, por la salvaguarda y el respeto a los migrantes en el Estado de México, y señaló que la agenda legislativa tiene como tema prioritario atender las necesidades y exigencias de esa comunidad, desde el desarrollo de un marco normativo, hasta el fortalecimiento de la coordinación entre autoridades de los distintos ámbitos locales, estatales, nacionales e internacionales.
“Estaremos pendientes de los sectores más vulnerables, siendo las mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes más requieren servicios y espacios de protección a sus derechos”, dijo.
Reconoció el trabajo que realizan los organismos de la sociedad civil, pues si bien algunas de ellos no cuentan con el soporte de las dependencias del estado, de cualquier forma brindan alimentación, cobijo y atención a los migrantes.
Destacó que el Estado de México sobresale por su intensa dinámica demográfica con más de 16 millones de personas que habitan sus 125 municipios, posicionando a la entidad como la más poblada del país, y dicho crecimiento se debe en gran medida al fenómeno migratorio.
Cerca de 3.66% de la población estatal se conforma por migrantes de otro estado o de otro país, y es mayor el porcentaje de las personas que ingresan que las que emigran, expuso la diputada al refrendar el compromiso de la Legislatura, y en especial de los integrantes de la Comisión, de legislar para la protección de los derechos humanos de los mexiquenses migrantes.
EL AGUA COMO RECURSOS PARA EL BIENESTAR DE TODOS, MÁXIMO DESAFÍO
El diputado morenista Dionicio Jorge García Sánchez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, aseguró que entre los retos que el país afronta está el de garantizar el agua como un recurso para el bienestar de todos los mexicanos, sostener el desarrollo económico y preservar los ecosistemas.
Al presentar un pronunciamiento ante el Pleno de la 60 Legislatura respecto a los desafíos del agua como bien público universal, en el contexto de la Cuarta Transformación de México, el legislador dijo que se trata de un desafío enorme, si se considera que la demanda crece como consecuencia del acelerado crecimiento urbano, aunado a los abusos, ineficiencias y corruptelas en el manejo y uso del recurso en todos los sectores de la producción, prestación de servicios, organismos y empresas que intervienen en su gestión y abastecimiento.
Dijo que la mayoría de las ciudades padecen alto estrés hídrico, lo que significa que poseen menos de 50 litros de agua por persona al día para satisfacer sus necesidades humanas básicas, cuando lo deseable es disponer de entre 50 y 100 litros, lo que en la práctica ha sido imposible de lograr, expuso, pues 10 millones de mexicanos carecen de agua potable y no cuentan con alcantarillado y saneamiento eficiente.
Al respecto, remarcó la necesidad de establecer políticas públicas que permitan el uso adecuado de los recursos naturales disponibles y los servicios inherentes. A nivel federal, dijo, el gobierno se ha postulado por la no privatización del agua y sus servicios “y estos principios deberán ser discutidos para socializar sus alcances y contenidos, lograr consensos y traducirlos en una nueva normatividad del agua y crear instituciones que permitan construir un sistema de gobernanza, eficaz y participativo que tenga como premisa el derecho humano al agua”, concluyó.