Para aspirar a ocupar el cargo de magistrado en el Poder Judicial, únicamente podrán participar aquellos jueces de primera instancia que hayan sido ratificados por el Consejo de la Judicatura por un periodo de seis años, previa aprobación de exámenes de actualización y cuando su función haya sido desempeñada con probidad, eficiencia, profesionalismo y su expediente no tenga notas de demérito, con el objeto de fortalecer una impartición de justicia de excelencia para una eficiente función jurisdiccional.
Así lo establecen las reformas y adiciones a la Constitución Política estatal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, aprobadas por unanimidad de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, propuesta por los diputados Violeta Nova Gómez y Alfredo González González, del Grupo Parlamentario de morena.
Las modificaciones, que antes de adquirir vigencia deberán ser aprobadas por el Pleno, establecen que los aspirantes deberán aprobar un examen de admisión a un curso de capacitación para magistrado, y aprobado este tendrán derecho a presentar el concurso de oposición para tal designación. El documento señala que la edad para el retiro obligatorio de los magistrados será de 70 años.
En presencia del diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, Violeta Nova explicó que la iniciativa surge de los planteamientos y propuestas de integrantes del Poder Judicial, quienes necesitaban una reglamentación que fijara reglas claras para ser parte de la carrera judicial y fortalecer a este Poder, respetando su autonomía como sus integrantes lo solicitaron, puntualizó.
Hizo votos por que el dictamen cumpla con las expectativas de los proponentes, entre ellos exmagistrados, jueces y secretarios, ya que “esta iniciativa no la hicimos de manera unilateral, participaron los propios interesados”.
El diputado morenista Max Agustín Correa dijo que la propuesta se enriqueció con la participación de todos los grupos parlamentarios, siempre respetando la autonomía del Poder judicial, “sin lugar a dudas prevalecieron los principios de separación y colaboración de Poderes”, y aseguró que la Legislatura manifiesta su interés en seguir colaborando para que se fortalezca la capacidad del Poder Judicial en la atención a la ciudadanía.
El legislador diputado Alfredo González reconoció la voluntad política para sacar adelante esta iniciativa, en tanto que los legisladores Margarito González Morales y Beatriz García Villegas dijeron que la aprobación de esta iniciativa es un vínculo más para fortalecer a los tres poderes del estado.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Sámano Peralta, señaló, por otra parte, que su bancada siempre ha sido respetuosa de los ámbitos de competencia que corresponden a cada uno de los poderes públicos y destacó que esta iniciativa tiene aspectos novedosos necesarios para asegurar el óptimo funcionamiento del Poder Judicial.
Karla Leticia Fiesco García, del PAN, manifestó que las reformas abonan al fortalecimiento e integración del Poder Judicial, respetando su autonomía y fortaleciendo la preparación y capacitación de jueces y magistrados.
PENAS DE 40 A 60 AÑOS POR HOMICIDIO Y LESIONES POR ODIO Y DISCRIMINACIÓN
Para agravar los tipos penales de homicidio y lesiones cuando estos se cometan por odio, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia aprobaron por unanimidad reformas al Código Penal del Estado de México.
La iniciativa del diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño tiene el propósito de elevar las penas carcelarias cundo los homicidios y lesiones se cometan, además de por odio, por rechazo, con brutal ferocidad y ensañamiento en contra de personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI).
Al leer un resumen de la iniciativa, el diputado Gerardo Ulloa Pérez agregó que la propuesta también incluye a aquellas personas que por su raza, edad, identidad étnica y religiosa puedan ser víctimas de lesiones u homicidio, esto con el fin de tutelar la dignidad humana, el respeto y reconocimiento de las diferencias sexuales, ideológicas, físicas, de género, de condición social, económica o étnica, bajo el contexto de que las personas se deben reconocer unas a las otras, con tolerancia y respeto a los derechos universales.
Las y los legisladores dieron su aval a la iniciativa con las reformas planteadas por el diputado Juan Maccise Naime (PRI), quien propuso reformar la fracción X del artículo 238 del Código Penal para eliminar la frase ‘color de piel’ y agregar la palabra ‘religión’.
Así se agravarán los tipos penales de homicidio y lesiones cuando se cometan por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, origen étnico, raza, religión, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, y se castigarán con penas de cárcel de 40 a 60 años.