- José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, participó en el 2º Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas
El derecho de acceso a la información pública sostiene un vínculo fundamental con los archivos, pues contar con documentos organizados de acuerdo con los mínimos estándares de la materia, efectivamente correspondientes a las acciones y decisiones de las autoridades, posibilita el ejercicio de esa prerrogativa constitucional, afirmó José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Durante su participación en el 2º Encuentro Nacional de Bibliotecas “El Impacto de las Bibliotecas Jurídicas en el Desarrollo Nacional”, llevado a cabo en la Ciudad de México, el Comisionado del Infoem puntualizó que los archivos permiten conocer detalladamente el trabajo cotidiano de las instituciones y, por lo tanto, conducen a un mayor escrutinio ciudadano. Asimismo, con ayuda de las nuevas tecnologías de la información, consultar la documentación producida por el gobierno resulta más sencillo, además de prácticamente instantáneo.
En el mismo sentido, aseguró que “el derecho de acceso a la información pública, en conjunto con las herramientas tecnológicas, genera mayor conocimiento, pues ya no es necesario esperar a que esos datos lleguen a los archivos históricos, los informes de gobierno o las bibliotecas de una forma más limitada, sino que pueden localizarse de una manera más oportuna”. Este derecho, indicó, abre las puertas a todo el acervo documental con el que cuenta una institución.
Sin embargo, argumentó que el gran peligro para ejercer con prontitud el derecho de acceso a la información pública radica en el desorden y abandono en el cual se encuentran numerosos archivos; sobre todo, en las administraciones municipales, ya que, en estas condiciones, los sujetos obligados tienen mayores posibilidades de evadir la responsabilidad de brindar la información solicitada por los particulares.
Por esta razón, los archivos deben contar con más recursos, con el objeto de obtener una mejor infraestructura física y tecnológica, así como con suficiente personal para cumplir con todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales.
Finalmente, el Comisionado Luna Hernández aseveró que existe un gran reto para consolidar el acceso ciudadano a los documentos, pues “sólo afianzando el derecho a éstos puede llegarse a un auténtico ejercicio del derecho de acceso a la información pública” y, con ello, a un acercamiento a una democracia más madura.
En esta actividad, el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández compartió su participación con Kathya Rodríguez Arroyo, Directora de Sistemas de Consulta y Formación Jurídica de la Secretaria de Gobernación; José María Hernández Vallejo, Titular de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados; Martha Beatriz Pinedo Corrales, Titular de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial, y Ricardo Montes Gómez, Titular de los Servicios Bibliotecarios del Senado de la República.