Derivado de las acciones de protección y defensa que tiene a su cargo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dio trámite a 9 mil 192 expedientes de queja durante 2014, por denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio, siendo los ayuntamientos, las principales autoridades responsables de posibles violaciones a derechos humanos.
La población mexiquense acudió ante el organismo defensor a presentar sus inconformidades en diversas modalidades: directa o personal, por escrito, a la Defensoría municipal, por internet, en otra comisión estatal, acta circunstanciada, vía telefónica, fax o a través de denuncias en la prensa.
Las autoridades que con mayor frecuencia fueron señaladas como responsables de afectación a los derechos fundamentales de las personas, fueron los ayuntamientos con 2 mil 061 del total de quejas, la Procuraduría General de Justicia estatal, con mil 016; el sector educativo con mil 940, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social al sumar mil 143; el sector salud con 641, el Tribunal Superior de Justicia con 628; la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 461, el Instituto de Defensoría Pública con 204 y otras que concentraron mil 185.
Los principales hechos violatorios de derechos humanos, de acuerdo a las estadísticas del organismo defensor, fueron el ejercicio indebido de la función pública, la detención arbitraria, la negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación, el incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, la violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad y el abuso de autoridad.
También derivaron en quejas conductas como la negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por las dependencias del sector salud; la negativa injustificada de beneficios de ley; por violentar los derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los internos y la violación al derecho a la igualdad y al trato digno.
Durante el año pasado, la Codhem también dictó más de mil 300 medidas precautorias, dirigidas sobre todo a las áreas de retención, detención y reclusión y otorgó 21 mil 976 asesorías, entre ellas, orientación jurídica, gestión y canalización a las instancias competentes, con lo cual cumplió con las atribuciones conferidas por la ley.