Por Julio Requena
La crisis ambiental que vivió el Valle de Toluca, el Valle de México e incluso la Ciudad de México sin duda es para llamar a la conciencia social sobre la pertinencia de que las acciones de reforestación, cuidado del agua, medición de partículas y otras tantas, se vean de manera constante, se redoblen esfuerzos y se pueda pensar en una vida más sana para los mexiquenses y los habitantes de la metrópoli central del país.
Falta sin duda escuchar a los ambientalistas y a las autoridades, para ver si se pronunciarán por una trabajo coordinado o si seguirán cada quien por su camino tratando de hacer lo mejor que puedan o si se unifican los planes de acción no solo pensando en resolver la crisis actual, sino en el futuro para que haya un calendario de actividades permanentes.
Algunas organizaciones –sin duda- se vieron rebasadas por las circunstancias actuales de contaminación, no sé si producto de la falta de acciones ambientales o por la ausencia total de apoyos en el presupuesto oficial sin el cual muchas de ellas no hacen nada, dado que dependen completamente del ingreso gubernamental y no del estímulo ciudadano o la respuesta del tejido social.
Hoy, a bote pronto, vemos acciones de sanciones a quienes no tengan verificados sus vehículos en el valle de Toluca y de México, aunque el premio nobel de Química, Mario Molina ya dijo que ese no es el factor principal del problema. Esto, es un tema que se debe analizarse más a profundidad e identificar con qué fin se pretende realizar esta acción, por ejemplo, las siguientes:
1.- Usar esta medida para espantar a los conductores de los vehículos no verificados para generar que no salgan a las calles y con ello, se reduzca la circulación en cierto porcentaje a tal grado que alivie momentáneamente la situación.
2.- Verlo como una acción de cobro de daños ambientales a quienes aun sabiendo de la situación climática, no han tenido la conciencia de verificar y por lo tanto, obligar a este pago –primero- con una multa, el arrastre o el encierro y luego, con la verificación obligatoria, que además exigirá el pago de tenencia.
3.- Generar en la ciudadanía una sensación de que todas estas acciones no servirán de nada, pues son puramente recaudatorias, dado que se está cobrando un dinero que nunca llegará al impulso de acciones ambientales.
Antes de la contingencia ambiental, el cobro de la verificación y máxime el pago de la tenencia nunca han tenido un destino claro enfocado al medio ambiente, sino que son factores del fortalecimiento de la hacienda pública estatal en el caso de la tenencia y de la verificación no se sabe cuánto se destina al combate del cambio climático o por lo menos, a reforestar.
Entonces, como cualquier ciudadano que apoya la recolección de este presupuesto también me pregunto si algo irá a parar en acciones permanentes de combate a la contaminación o si solo, se cobrarán estas multas y se utilizarán para pagar salarios, programas sociales asistenciales, obras viales para que circulen más o mejor los automóviles o qué se va hacer.
Es justo, saber cuánto se ha recaudado en estos días de multas y operativos para saber para qué alcanza o bien, para realizar una campaña en la cual la gente pueda ponerse al corriente en su verificación de forma voluntaria y sin pagar multas.
También es necesario que haya una opción en la cual todos aquellos que quieran participar en las labores de recuperación ambiental sean incluidos o se puedan sumar. Que quienes quieran hacer aportaciones en efectivo o en especie las puedan llevar a algún lado y estas realmente se traduzcan en beneficios ambientales reales, transparentes y auditables.
Estos son los escenarios deseables en el tema, ojalá se escuchen.