Por considerar que no puede haber ninguna reforma al Issemym sin el consentimiento de los servidores públicos y sin conocer de manera precisa sus condiciones económicas y financieras, el Pleno de la 60 Legislatura autorizó a la Junta de Coordinación Política instruya la realización de una auditoría externa al Instituto a través de un despacho independiente y con capacidad técnica suficiente.
En la primera sesión deliberante del Segundo Periodo Ordinario que preside la legisladora Guadalupe Mariana Uribe Bernal (morena), la asamblea avaló por unanimidad el punto de acuerdo propuesto por el grupo parlamentario del PT a través del diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez.
Conforme al documento, el cual fue dispensado de turno a comisiones por considerarse de urgente y obvia resolución, la auditoría tiene por fin “conocer de las reservas financieras, fondos de pensiones, patrimonio, inversiones y criterios, montos de cuotas y aportaciones, rendimientos, intereses, capitalización, adeudos de instituciones y demás acciones indispensables para conocer la naturaleza y perspectiva financiera del instituto, cuyos resultados son indispensables para su reforma democrática”.
Guadarrama Sánchez recordó que en diciembre de 2018 el Pleno abrogó la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios que entraría en vigor el 1 de enero de este año, por ser contraria a los intereses de los trabajadores, der ahí que sea necesario crear una nueva ley.
Detalló que en 2002 y 2012 se reformó esta ley y el Instituto, con la finalidad de asegurar su estabilidad financiera y las pensiones de los servidores por lo menos hasta el año 2023 con base en un incremento de 35% en las cuotas y 55% en las aportaciones, además de 33% a pensionados y pensionistas. En términos absolutos, se trató de un incremento muy importante de más del 40% de los ingresos que el Issemym recibe por estos conceptos.
Por eso resulta sorprendente, prosiguió, que a pesar de esta cirugía mayor que incluyó, además, el incremento de la edad de jubilación del 57 a 62 años, “se pretendiera una vez más atentar contra los intereses de los trabajadores con la ley abrogada en diciembre pasado”.
A esta situación, agregó, “habría que sumar la retención irresponsable de miles de millones de pesos, por concepto de cuotas y aportaciones, que impunemente han realizado ayuntamientos, organismos de agua y saneamiento, sistemas municipales DIF y otras dependencias estatales y que no han enterado al Issemym, como en el caso de la UAEMex que recientemente declaró tener una deuda por más de dos mil 300 millones de pesos”.
Al término de su exposición refrendó que “en el Partido del Trabajo estamos comprometidos a fortalecer el régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio del estado y municipios, pero para ello resulta indispensable conocer, analizar y revisar el manejo que ha hecho el Issemym de los fondos de ahorro de los trabajadores”.