- La Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero del Congreso mexiquense aprobó las iniciativas de las bancadas de morena y del PAN para evitar la explotación sexual infantil en el sector turístico.
- Con las reformas, impulsadas por la diputada Susana Estrada, de morena, y el diputado Pablo Fernández de Cevallos y la diputada Krishna Romero, coordinador e integrante de la bancada del PAN, los prestadores de servicios turísticos implementarán un protocolo para la protección de menores en la prestación de servicios de hospedaje o alojamiento.
La Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero del Congreso mexiquense aprobó que los prestadores de servicios turísticos implementen un protocolo para la protección de niñas, niños y adolescentes en la prestación de servicios de hospedaje o alojamiento, así como medidas de seguridad para salvaguardar su integridad y vida, incluyendo las acciones de prevención o detención de posibles delitos.
De acuerdo con el dictamen relativo a las iniciativas presentadas por la diputada Susana Estrada Rojas (morena), así como por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González y la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, coordinador e integrante de la bancada del PAN, las unidades económicas que ofrezcan servicios de hospedaje, junto con cualquier otro servicio adicional, deberán exhibir carteles, infografías o material informativo sobre la prevención de la explotación sexual infantil y la trata de personas, así como sobre las medidas para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Con la iniciativa que reforma las leyes estatales de Turismo Sostenible y de Desarrollo Artesanal, así como la de Competitividad y Ordenamiento Comercial, los prestadores de servicios deberán llevar un control mediante el registro de llegadas y salidas de todas y todos los huéspedes —incluyendo a menores de edad—, ya sea en libros, tarjetas de registro o sistemas computarizados. Dichos registros deberán incluir nombre, ocupación, origen, procedencia y lugar de residencia.
Asimismo, las unidades económicas mencionadas deberán contar con personal capacitado y sensibilizado por las instancias competentes en materia de prevención, combate y erradicación de la trata de personas y de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. También deberán estar formados en los derechos de la niñez y la adolescencia, a fin de que puedan brindar información que permita identificar y denunciar posibles situaciones de riesgo.
Además, deberán promover la cultura de la denuncia y, en su caso, reportar de manera inmediata cualquier posible indicio de actos relacionados con la trata de personas o la explotación sexual infantil.
El dictamen establece que quienes ofrecen servicios de hospedaje deberán solicitar una identificación oficial con fotografía para comprobar la mayoría de edad de las y los turistas. En el caso de personas extranjeras, deberán presentar su pasaporte o el documento con el que ingresaron al país. Asimismo, cuando los turistas viajen acompañados de niñas, niños o adolescentes, se requerirá la documentación que acredite filiación, parentesco, patria potestad, tutela, guarda o custodia, o bien la autorización correspondiente, conforme a lo establecido en el protocolo aplicable.
De igual forma, deberán cumplir el protocolo para la protección de niñas, niños y adolescentes en servicios de hospedaje, el cual será emitido por la Secretaría de Cultura y Turismo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia mediante la Procuraduría de Protección, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El protocolo debe ser emitido en un plazo de 180 días y deberá incluir medidas para prevenir, detectar, reportar y denunciar casos de abuso y explotación sexual infantil, así como los mecanismos para solicitar asistencia de la Procuraduría de Protección y, cuando corresponda, la intervención de la Fiscalía estatal.
Igualmente debe incluir acciones de auxilio inmediato a menores en riesgo y establecer la instalación y mantenimiento de cámaras de vigilancia en exteriores y áreas comunes, cuyas grabaciones se conservarán al menos 60 días, conforme a la normativa de protección de datos personales.
Durante la reunión, presidida por la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT), el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) señaló que estas reformas contribuirán a prevenir dicha conducta y resultan oportunas para las personas dedicadas a los servicios turísticos, ya que ayudarán a erradicar el llamado turismo sexual infantil.