









- En comisiones del Congreso local se aprobó la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para que, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales participen en la investigación de delitos.
- Integrantes de las bancadas de morena, PT y PRD coincidieron en que las reformas permitirán consolidar un modelo de seguridad coordinado e integral; la congresista Ruth Salinas (MC) refirió que podría contribuir a disminuir la impunidad.
- El dictamen contempla que el Ministerio Público y las instituciones policiales se coordinen en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Tránsito, de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la investigación de los delitos, al establecer la participación de la Secretaría de Seguridad y de las instituciones policiales estatales y municipales, en coordinación y bajo la conducción del Ministerio Público.
En reunión presidida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), integrantes de las bancadas de morena, PT y PRD coincidieron en que la armonización de la Constitución Política local con la Constitución nacional y con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública permitirá consolidar un modelo de seguridad coordinado e integral. Además, la congresista Ruth Salinas Reyes (MC) refirió que la reforma podría contribuir a disminuir la impunidad.
El legislador Octavio Martínez Vargas (morena) resaltó que fortalece a la Secretaría de Seguridad y reconoció la disminución de índices delictivos, pero señaló que se requiere comunicación permanente con la persona titular de esta dependencia para que las comisiones legislativas conozcan indicadores de reducción de la percepción de inseguridad, conductas delictivas y extorsión.
La diputada Paola Jiménez Hernández (morena) subrayó que dota de facultades, herramientas y condiciones en materia de seguridad e inteligencia, además de que se protegen los datos personales por parte de las instituciones para evitar que sean usados por la delincuencia con fines de extorsión.
Por el PT, el parlamentario Ernesto Santillán Ramírez expresó que es indispensable reconocer que la violencia y el delito no son fenómenos aislados, sino realidades complejas y multifactoriales, por lo que requieren una respuesta integral y seria de todo el Estado. Añadió que la reforma deja atrás la visión limitada y reactiva del pasado y consolida un enfoque global de la seguridad pública.
La congresista Ruth Salinas Reyes (MC) refirió que la seguridad sigue siendo una preocupación debido a la impunidad y la falta de acceso a la justicia, por lo que esta iniciativa podría dar la posibilidad de que las carpetas de investigación se integren con mayor oportunidad, a fin de resolver estas deficiencias; no obstante, mencionó que falta una instancia estatal para regular el acceso a los datos sensibles.
Del PRD, la legisladora Araceli Casasola Salazar indicó que la fragmentación de esfuerzos es uno de los principales obstáculos de la paz pública, por lo cual es indispensable transitar hacia un modelo de coordinación interinstitucional real y efectivo, como lo establece esta armonización constitucional.
Cabe señalar que el dictamen contempla que el Ministerio Público y las instituciones policiales se coordinen en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como de las leyes locales en la materia.
Asimismo, en la Constitución estatal se establecería que la seguridad pública también comprende la supervisión de la prisión preventiva, la ejecución de sentencias y la reinserción social de las personas sentenciadas.
Incorpora un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y perspectiva de género en el ejercicio de la seguridad pública, al priorizar la prevención, investigación y sanción de las violencias de género, así como la protección de la dignidad de las personas y la atención diferenciada a las necesidades de mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar su acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.
Además, se añadiría que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de amor a la patria, federalismo cooperativo y protección de la persona y su dignidad.
Sobre esta reforma, Oscar Fidel González Mendívil, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad estatal, explicó comparte la visión sobre un concepto integral de seguridad pública con base en lo expedido por el Congreso de la Unión. Mientras que Oscar Mora Arroyo, subdirector de Legislación, Consulta y Derechos Humanos del gobierno estatal, señaló que es un mandato nacional que da certeza y apertura a la Secretaría de Seguridad.
Al respecto, Javier de Jesús Domínguez González, encargado del despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, destacó que busca coordinar la facultad concurrente entre la federación, el estado y los municipios para establecer un nuevo panorama de investigación e inteligencia.
