La 60 Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad el dictamen para cambiar la denominación de la Comisión de Protección Civil por ‘Comisión de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos’, a propuesta del diputado Max Correa Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, quien en esta sesión también presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de México.
Aprobado en sesión presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena), quien solicitó a la Asamblea plenaria guardar un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, el dictamen precisa que será competencia de la citada comisión conocer “sobre las leyes que establezcan y regulen los temas en materia de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres”.
Su aprobación significó la reforma de la fracción XXII del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como la fracción XXII del artículo 13 A y el inciso a) de esa misma fracción del Reglamento del Poder Legislativo estatal.
Posteriormente, el diputado Max Correa, presidente de la comisión citada, explicó que el Sistema de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de México que propone, tendrá una composición interinstitucional, sinérgica, descentralizada, transversal, participativa e incluirá la perspectiva de derechos humanos, con la finalidad de identificar, monitorear, mitigar y reducir los riesgos de desastres en la entidad.
La ley, agregó el legislador, busca fomentar y coordinar acciones en materia de prevención, vinculación sobre desarrollo sostenible y ordenamiento territorial con las áreas competentes, así como garantizar una respuesta eficaz y especializada en caso de desastre.
También tiene como propósito la adecuada atención a las emergencias que se presenten en la entidad, estableciendo políticas públicas, lineamientos, componentes, procesos e instrumentos de la gestión integral del riesgo y la promoción de acciones para la adaptación a los efectos del cambio climático.
Este proyecto plantea también regular las bases de coordinación del Sistema Estatal y de los Sistemas Municipales de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, articulando la participación de los sectores público, social y privado, así como establecer los derechos y obligaciones de los particulares para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y los sistemas estratégicos ante la eventualidad de los fenómenos perturbadores reduciendo el riesgo de desastres.
El diputado explicó que su propuesta también pretende garantizar la participación ciudadana y la concertación con los sectores académico, social y privado en la política estatal de gestión integral del riesgo a través de la educación formal en sus niveles básico al profesional y de medidas de educación no formal y de reflexión cultural, integrando la investigación científica y aplicada así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas en las decisiones del Sistema.
La iniciativa incluye a todas las dependencias, entidades, fideicomisos, empresas de participación estatal mayoritaria, asociaciones público–privadas y todo aquel ente que ejerza de alguna manera recursos públicos tanto del orden estatal como municipal, así como a los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos de la entidad.
La propuesta se remitió a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos, para su dictamen.