- Solicitarán una reunión con titulares del IIFREM, de la Dirección General de Operación Urbana y del Insus en la entidad.
En beneficio de miles de familias mexiquenses que carecen de una escritura de su vivienda o terreno, el Congreso local inició el análisis de reformas que buscan agilizar la regularización de predios irregulares de origen ejidal y comunal que realiza el Instituto del Suelo Sustentable (Insus) en el Estado de México, y acordó solicitar una reunión de trabajo con titulares del Instituto de la Función Registral (IIFREM), de la Dirección General de Operación Urbana y de la delegación del Insus.
En reunión de las comisiones de Planeación y Gasto Público, Finanzas Públicas y de Procuración y Administración de Justicia, la diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN), coautora de la iniciativa, con los diputados Enrique Vargas del Villar y Francisco Brian Rojas Cano, explicó que se busca disminuir el enorme rezago de predios irregulares para que más personas cuenten con escrituras de su vivienda y accedan a créditos, mejores servicios y hereden su patrimonio.
Explicó que proponen reformas a los códigos Financiero del Estado de México y Municipios, Administrativo y Civil de la entidad para que el Insus exente del pago por inscripción de documentos, cancelaciones o actos relativos a bienes inmuebles que realiza ante el Instituto de la Función Registral (IIFREM), así como generar tarifas preferenciales para la expedición de certificados de libertad de gravamen, y disminuirlos de mil 272 a 221 pesos.
Asimismo, eliminar las sanciones para actos administrativos que realice el Insus ante el IFREM que desde 2016 pueden ser de 172 mil hasta 259 mil pesos por cada predio, además de no solicitar certificado de gravamen en el caso de inmuebles cuyo origen sea la expropiación de terrenos ejidales o comunales.
Durante la reunión, el diputado Mario Santana Carbajal (PRI) propuso precisar que solo se exente del certificado de libertad de gravamen a los predios de origen ejidal y comunal y permanezca en la pequeña propiedad para evitar afectaciones a terceros.
La diputada Carmen de la Rosa Mendoza refirió que al menos 91 mil 370 hectáreas tienen asentamientos irregulares en la entidad, que representan más de un millón 243 mil hogares, por lo que propuso conocer la opinión de las autoridades involucradas y preguntó sobre las implicaciones de esta medida, a fin de no facilitar trámites a acaparadores de terrenos o delincuentes que lavan dinero con la regularización de casas y terrenos.
El diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) señaló que la regularización de la tierra avanza muy lentamente en una entidad donde el crecimiento urbano ha absorbido tierras ejidales y las y los propietarios solo cuentan con la cesión de derechos, por lo que pidió colaborar con el Insus y eliminar cobros duplicados e innecesarios.
La diputada María Elida Castelán Mondragón (PRD) propuso invitar a una reunión de trabajo a los titulares del IIFREM, de la Dirección General de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (Sedatu) y al delegado del Insus en la entidad, para fortalecer esta iniciativa, lo cual fue aprobado por unanimidad.
El diputado Francisco Javier Santos Arreola (PAN) señaló el grave rezago en la regularización de la tenencia de la tierra y propuso una reunión de trabajo con el titular del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) para analizar mecanismos para agilizar estos procedimientos, pues existen municipios donde solo esta regularizada 8 por ciento de la propiedad.
Durante la reunión, la presidenta de las comisiones, la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena), acordó fijar un plazo de una semana para recibir las primeras observaciones a la iniciativa.