Aunque la seguridad de las mujeres se encuentra enunciada en la ley, es un hecho “que enfrentan mayores grados de violencia y discriminación y que sus derechos son regularmente degenerados en la práctica”, sostuvo la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal (morena) al iniciar el análisis de la iniciativa que plantea hacer cumplir el principio de equidad, igualdad y paridad de género al nombrar a los titulares de áreas y servidores públicos del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos.
En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y Administración Municipal de la 60 Legislatura para analizar la iniciativa de la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD), la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género dijo que en este tema “el reto es visibilizar la discriminación y la injusticia contra las mujeres”, ya que impide el desarrollo armónico de las instituciones para propiciar cambios permanentes que garanticen la equidad como un mecanismo de eficiencia y productividad.
Agregó que la patria con justicia y democracia a la que aspira el Grupo Parlamentario de morena “debe respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres con políticas públicas incluyentes, que aseguren la equidad efectiva entre mujeres y hombres y que atiendan todas las intolerables expresiones de violencia, abuso y acoso a las que están expuestas las mujeres en todos los entornos sociales, en todas las regiones y a todas horas”.
Con la presencia de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien se pronunció a favor de la propuesta, aunque sugirió que se abra a consulta con funcionarios, especialistas y académicos, Uribe Bernal respaldó la iniciativa porque “es evidente que tenemos que plasmarlo en la ley para que pueda ser una realidad. Y si solo así podemos garantizar una participación activa de las mujeres en la política y las decisiones de nuestro país y estado, así hagámoslo”.
La legisladora Araceli Casasola dijo que su propuesta de reforma a los artículos 77 y 128 de la Constitución Política, 9 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 9 de la Ley Orgánica Municipal, todas de la entidad, se justifica suficientemente, y que incluso alguna vez pidió al gobernador que por su propia voluntad designara en la mitad de las secretarías a mujeres sin atentar contra los derechos de los varones. Aseguró que en el presente las mujeres cuentan con capacidades suficientes y que si bien hoy el Congreso mexiquense casi es paritario, esto se debe al mérito de ellas y no a ninguna concesión.
A nombre del PES, su coordinador en el Congreso, diputado Carlos Loman Delgado, apoyó la iniciativa, pero apuntó que debe trabajarse en su implementación y funcionalidad administrativa. El coordinador parlamentario del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, se mostró favorable a la reforma, porque confronta los sexismos sin sentido y porque “tan buena es una mujer para dirigir un país como un hombre para cuidar el hogar y a los hijos”.
Por el PRI, la legisladora María Mercedes Colín refrendó el compromiso de su grupo parlamentario con las políticas para la igualdad de género, y apuntó que en esta ocasión sí debe valorarse el tema de las cuotas, los salarios desiguales, los perfiles adecuados para los cargos públicos y su relación con el servicio civil de carrera.
Para el PAN, dijo la diputada Brenda Escamilla Sámano, la reforma es necesaria porque las mujeres requieren más espacios públicos para participar en la toma de decisiones. Rosa María Pineda Campos (PES), quien se sumó, llamó a evaluar el tema de igualar los salarios entre hombres y mujeres tanto en el servicio público como en el privado.
De morena, Liliana Gollas Trejo señaló que el tema no se refiere solo a un asunto de cuotas, sino que se trata de realmente empoderar a las mujeres y llamó a promover lo mismo en el Congreso, donde ciertas tareas se dejan solamente a mujeres. Para Faustino de la Cruz Pérez, también de morena, el tema obliga a su planteamiento en el aspecto electoral, en el del servicio civil de carrera y a su adaptación y adopción en la propia Cámara de Diputados. Apoyó exhortar al gobernador a aplicar la paridad en su administración, pues sí es un asunto de voluntad, como ya se hace en el gobierno federal.
Su compañera Nancy Nápoles Pacheco dijo que es un buen momento para su aprobación, mientras que Mónica Álvarez Nemer preguntó cómo se distinguiría esta reforma de otra legislación que ya garantiza el derecho a la igualdad sustantiva y la paridad de género en elecciones locales y federales, y Elba Aldana Duarte llamó a garantizar que una vez una mujer sea nombrada para un cargo público permanezca y no la remplace después por un hombre.