En el análisis de la propuesta del Paquete Fiscal 2020, diputados de morena, PT, PAN y PVEM pidieron a funcionarios de la Secretaría de Finanzas más información sobre el endeudamiento solicitado, los ingresos por el reemplacamiento, el refrendo vehicular y el impuesto sobre nómina, las razones para aumentar los recursos a varias dependencias y para plantear un convenio de pago entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).
En reunión de las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, los diputados de morena Max Correa Hernández, Alfredo González González, Mónica Álvarez Nemer y Elizabeth Millán García; el diputado petista Francisco Rodolfo Solorza Luna; la legisladora panista Ingrid Schemelensky Castro, y la diputada del PVEM María Luisa Mendoza Mondragón plantearon sus cuestionamientos a los representantes de la Secretaría de Finanzas, encabezados por los subsecretarios de Ingresos y de Planeación y Presupuesto, y el procurador fiscal, José Arturo Lozano Enríquez, Roberto Inda González y José Manuel Miranda Álvarez, respectivamente.
Los legisladores Max Correa, Adrián Galicia y Francisco Solorza reprocharon que el gobernador proponga un convenio para pagar hasta en 120 meses las aportaciones de los trabajadores de la UAEMéx no entregadas al Issemym, pues señalaron que a los demás contribuyentes no se les hacen descuentos; que la Universidad no usó los 379.4 millones de pesos que la Legislatura le autorizó en 2019 para abonar a su deuda con el Instituto, y que a nivel federal recientemente se aprobó una reforma para prohibir las condonaciones.
Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario de morena, el diputado Maurilio Hernández González, y de los coordinadores parlamentarios del PRI, PT y PRD, los diputados Miguel Sámano Peralta, Armando Bautista Gómez y Omar Ortega Álvarez, la legisladora Ingrid Schemelensky preguntó la razón por la cual se incluyeron cinco nuevos impuestos y la diputada Mónica Álvarez solicitó más información sobre la cantidad de recursos propios que considera recibir el gobierno estatal para el próximo año.
La legisladora María Luisa Mendoza cuestionó la cifra para la operación del buzón tributario, las razones del incremento de presupuesto para el Poder Judicial y si se afectaría a los estudiantes al incrementarse la generación de recursos propios de las instituciones educativas; además, junto con la diputada Elizabeth Millán, criticó el aumento a rubros como el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, la Coordinación General de Comunicación Social, el Instituto de la Función Catastral, la asistencia jurídica al Poder Ejecutivo y la conservación del patrimonio público e identidad mexiquense, entre otros.
En su participación, el diputado Alfredo González pidió información sobre la llamada ‘Ley de Terrorismo Fiscal’, en tanto que el legislador Max Correa también se expresó sobre los recursos para el Sistema Múltiple de Alerta Temprana.
Antes de finalizar la reunión, la cual se declaró permanente, el diputado Adrián Galicia leyó una propuesta de adecuación al Código Financiero del Estado de México derivada de que las comisiones consideraron necesario eliminar del concepto de ‘financiamiento’ lo correspondiente a ‘pasivos indirectos’, para hacerlo congruente con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Los funcionarios defendieron los resultados de la recaudación por el reemplacamiento y dijeron que unificar el pago del impuesto sobre la tenencia de vehículos coadyuvará a incrementar el padrón de contribuyentes, al quedar en una tasa de 3% para todos los contribuyentes obligados; puntualizaron que la principal fuente de ingresos propios del estado es el impuesto sobre nóminas, y que los créditos solicitados son para comunicaciones, rehabilitación de espacios públicos y fortalecimiento de infraestructura y seguridad pública.
Además, indicaron que con el convenio de pago entre la UAEMéx y el Issemym se busca beneficiar a los derechohabientes sin dañar la imagen de la Universidad ni del Instituto, y que los incrementos a varios entes se justifican por los proyectos que buscan realizar.