Todo servidor público que trabaja en un centro de readaptación social del Estado de México está obligado a respetar los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad, de lo contrario, puede ser acreedor a sanciones en caso de violentarlos, afirmó Zulairam Arreola Arreola, jefa de la Unidad de Atención Penitenciaria.
La funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, indicó que quienes están presos en un centro preventivo también tienen derechos, independientemente del delito que se les haya imputado, por tanto, quien afecte sus prerrogativas, puede ser sancionado de acuerdo a la Ley de Responsabilidades.
Dicha ley, en su artículo 42 señala que “Todo servidor público tiene que cumplir con la máxima diligencia del servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o implique un abuso contra el particular”.
Mencionó que para prevenir ese tipo de conductas, la Codhem imparte pláticas informativas dirigidas a custodios y personal administrativo que labora en los penales de la entidad, incluida la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes “Quinta del Bosque”, preceptorías juveniles y penitenciarías femeninas.
En los encuentros, se les explican las obligaciones que tienen como servidores públicos para mantener el orden dentro de las instalaciones, sin violar los derechos de quienes están privados de su libertad.
Asimismo, dijo que las visitas que lleva a cabo el personal de la Comisión se enfocan a revisar aspectos como las condiciones de gobernabilidad, la integridad física y moral del interno, una estancia digna, la reinserción social y la atención a grupos con requerimientos especiales.
Por último, afirmó que es necesario verificar la normatividad que rige a los centros preventivos, en cuanto a la suficiencia o deficiencia del personal designado en cada uno de los módulos y la forma en que se imponen las sanciones disciplinarias de acuerdo con el debido proceso, a fin de cumplir con el objetivo para el que fueron creadas las prisiones, que es garantizar la reinserción social.