- Genera mercado negro de vivienda, encarecimiento y desplazamientos forzado.
- Se impondrán penas de 10 a 20 años de prisión y de 400 a 900 días de multa.
- El Cartel Inmobiliario vulnera su derecho a una vivienda segura en perjuicio de los ciudadanos.
En el marco de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca tipificar y sancionar el delito de corrupción inmobiliaria, mediante reformas al Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El legislador federal Mejía Berdeja denunció que este delito ha generado un mercado negro de vivienda, provocando el encarecimiento desmedido de los precios, desplazamientos forzados de habitantes y una creciente desigualdad urbana, particularmente en alcaldías como Benito Juárez de la capital del país y entidades federativas como Coahuila.
“La corrupción inmobiliaria ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una estructura criminal compleja, que involucra a servidores públicos, desarrolladores y operadores jurídicos que lucran con el derecho humano a una vivienda digna”, sostuvo el legislador petista.
La iniciativa del diputado federal Mejía Berdeja propone crear un Capítulo XIV dentro del Código Penal Federal, con un Artículo 224 Bis, que impondría penas de 10 a 20 años de prisión y de 400 a 900 días de multa a quienes, como servidores públicos o particulares, alteren documentos o gestionen de forma ilegal trámites relacionados con la construcción, compraventa o cambio de uso de suelo, entre otras prácticas ilícitas.
Asimismo, Mejía Berdeja, también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, explicó que se plantea la adición del Artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que considera falta grave cualquier acto de alteración documental o facilitación de obras ilegales vinculadas al desarrollo inmobiliario.
“La corrupción no tiene colores, pero algunos la llevan tatuada. El llamado Cártel Inmobiliario panista en la alcaldía Benito Juárez ha operado impunemente por más de 15 años, afectando la calidad de vida de miles de familias en todo el país”, declaró Mejía Berdeja.
El diputado federal por Coahuila, también conocido como “El Tigre”, presentó casos documentados en los que exfuncionarios del PAN recibieron departamentos como soborno a cambio de autorizaciones irregulares, como el caso de Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras en Benito Juárez, investigado por enriquecimiento ilícito y colusión con constructoras.
Además, denunció que en Coahuila, el actual gobernador Manolo Jiménez Salinas, del PRI, ha utilizado su poder para beneficiar a empresas inmobiliarias ligadas a su familia, con la asignación de terrenos públicos y contratos de obra sin transparencia.
“Tanto el PAN como el PRI, disfrazados de modernidad, han replicado las viejas prácticas de corrupción que concentran la riqueza en unas cuantas manos y empobrecen a millones de Mexicanos que aspiran de manera legítima a tener una vivienda digna”, afirmó Mejía Berdeja.
El legislador subrayó que el delito de corrupción inmobiliario también debe analizarse con enfoque de género, ya que las mujeres, especialmente las jefas de familia, son desproporcionadamente afectadas por los despojos, desplazamientos y la falta de titulación legal, lo que vulnera su derecho a una vivienda segura.
La propuesta también contempla disposiciones transitorias para que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En un plazo máximo de 180 días, el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República deberán emitir lineamientos para capacitar a personal de obras, notariado y procuración de justicia en esta materia.
Finalmente, el diputado federal Ricardo “El Tigre” Mejía hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión para respaldar esta propuesta, “la vivienda no puede seguir siendo una mercancía sujeta al lucro desmedido de mafias políticas y empresariales. Es un derecho humano, y como tal, debemos protegerlo mediante el castigo ejemplar a quienes lo violen”, concluyó el político coahuilense.