En la 60 Legislatura diputados debatieron sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la consulta ciudadana que se inició este día, respecto de la cual legisladores de morena, PT y PES destacaron que se trata de un ejercicio inédito de democracia participativa, mientras que diputados del PRI cuestionaron la legalidad de su realización.
En sesión ordinaria presidida por la diputada Azucena Cisneros Coss (morena), los diputados de la 60 Legislatura intervinieron sobre los pros y contras de las dos alternativas para ampliar la capacidad aeropuertoaria de la Ciudad de México.
Del Grupo Parlamentario de morena, Juan Pablo Villagómez Sánchez cuestionó el presupuesto inicial del proyecto en Texcoco, originalmente estimado en 169 mil millones de pesos y que actualmente se ubica en 240 mil millones de pesos, así como el sobreprecio de 89 por ciento de una barda perimetral construida por la Secretaría de la Defensa Nacional detectado por la Auditoría Superior de la Federación, ya que pasó de un costo de mil 547 millones a dos mil 930 millones de pesos.
Max Agustín Correa Hernández añadió que el proyecto en Texcoco va en contra del proceso de descentralización de la ciudad que forma parte del plan de gobierno de la Cuarta Transformación, y se manifestó por desarrollar un sistema aeroportuario y mejorar los aeropuertos existentes, como el de la Ciudad de México y Toluca, además de optimizar las condiciones para la alternativa de Santa Lucía.
Beatriz García Villegas señaló que continuar con el aeropuerto en Texcoco sería un desastre económico y un ecocidio, y recordó que la esencia de la democracia involucra la participación de la población en las decisiones del gobierno.
María del Rosario Elizalde Vázquez y Faustino de la Cruz Pérez coincidieron en que la consulta ciudadana es un ejemplo de una forma distinta de gobernar que privilegia la democracia participativa, por lo que manifestaron su preocupación por el desarrollo de centros comerciales y casas de interés social alrededor del aeropuerto en Texcoco y por los opacos procesos de adquisición de los terrenos para el proyecto.
La diputada Anaís Miriam Burgos Hernández defendió la consulta, porque es una representación de la democracia participativa y dijo que estos ejercicios ya fueron realizados por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, cuando gobernó el Distrito Federal, ahora Ciudad de México; y en su participación, Berenice Medrano Rosas indicó que con las encuestas se evitan los “negocios escondidos”.
Julio Alfonso Hernández Ramírez recalcó que la legalidad “más suprema y legítima” es consultar al pueblo sobre los temas de interés público; Alicia Mercado Moreno recordó que “el agua tiene memoria”, por lo que pidió no engañar a la naturaleza al continuar construyendo en el lago de Texcoco; Montserrat Ruiz Páez señaló que los resultados de la consulta reflejarán la voluntad de la mayoría y que, aunque haya opiniones encontradas, todo forma parte de la democracia. Mario Gabriel Gutiérrez Cureño pidió que se respeten los resultados de las encuestas.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, Marlon Martínez Martínez destacó el NAIM podría generar más de mil millones de dólares al año; que su costo total será de 13
mil 300 millones de dólares, de los cuales se estima que 70 por ciento será inversión privada, y que contribuirá con el crecimiento del 3.5 por ciento adicional al Producto Interno Bruto, lo que consolidará a México como la puerta logística de América del Norte.
Además, recalcó que la obra prevé la creación de 160 mil empleos en su etapa de construcción y medio millón más para la operación final, así como 17 obras de conectividad con una inversión de 41 mil millones de pesos.
Su compañera de bancada, la diputada Iveth Bernal Casique preguntó si la encuesta sobre el aeropuerto es legal y si se garantizaba la protección de los datos personales de los participantes, además señaló que su partido no teme a las expresiones de participación ciudadana y que habría que modificar la Constitución Política del país para incluir las consultas.
En representación del PT, Armando Bautista Gómez (coordinador) y Javier González Zepeda se expresaron a favor de la democracia participativa y exhortaron a que no busquen hacer “trampa” con la voluntad de los ciudadanos; criticaron que el actual gobierno federal imponga, basado en intereses económicos de empresarios comerciales e inmobiliarios, una obra en contra de la voluntad de la población; recordaron que desde 2001 ingenieros franceses determinaron que Texcoco no es la zona más apropiada para el proyecto y que recomendaron Tizayuca; y señalaron la ineficacia en el manejo del presupuesto, que se elevó hasta en 70 por ciento.
Del Partido Encuentro Social, el líder de la bancada, Carlos Loman Delgado, reconoció la manifestación de posturas de los diputados sobre un tema controversial como el aeropuerto, ya que del debate desde diferentes perspectivas enriquece el aprendizaje, y solicitó que tema sea abordado a través de las comisiones legislativas para ahondar más en la información.
En tanto, la legisladora Juliana Felipa Arias Calderón lamentó que no se tomaran en cuenta las opiniones de los pueblos originarios cuando son los principales afectados con el proyecto en Texcoco, a pesar de que en la Constitución de la República se consagra ese derecho.