El cuidado del medio ambiente y la promoción y defensa de los derechos humanos, son asuntos que enmarcaron la agenda política global del siglo XXI y se han convertido en temas cruciales para la humanidad, destacó el secretario técnico del Instituto Nacional de Administración Pública, Gerardo Gil Valdivia.
Al dictar la conferencia “Derechos Humanos y Administración Pública” dentro de un seminario realizado por el IAPEM en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, explicó que hoy en día, ambas cuestiones van de la mano, dentro de muchos otros grandes desafíos que enfrentan las naciones del mundo para generar esquemas de desarrollo y progreso, que conserven a la persona y la dignidad humana, como el eje de todas sus acciones.
Afortunadamente, dijo, el tema de los derechos humanos “llegó para quedarse” y tendrá que ser atendido por los países del mundo junto con la protección del medio ambiente, porque a pesar de las distintas interpretaciones que se les da en las diferentes regiones de la tierra, ambos son grandes amenazas que enfrenta la humanidad.
En el caso concreto de México, explicó ante servidores públicos de diversos órdenes de gobierno, la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, representa un gran esfuerzo del estado mexicano para modernizarse y no obstante los avances y retrocesos que ha tenido el reconocimiento de estas prerrogativas, esta reforma es de suma importancia y tendrá profundas implicaciones para la vida de todos los mexicanos, en particular de quienes están en la función pública, ya que si bien son 11 los artículos reformados, sin duda impactan a toda la actividad pública, social y privada de las personas en el territorio nacional.
Uno de los aspectos más trascendentes, además de constituir el camino para hacer valer todos los derechos para todas las personas es que al aceptarse los tratados internacionales como parte de nuestro sistema jurídico, significa que incorporaremos a todos los documentos suscritos por México, aceptando la jurisdicción de los órganos que supervisan su aplicación, añadió.
Detalló que otra implicación de gran relevancia es el principio pro homine o pro persona en donde se establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, de manera que los servidores públicos deberán atender los cuatro principios conceptuales básicos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en concordancia con dichos instrumentos.
Subrayó que a la luz de hacer efectiva esta reforma y que ello conlleve transformaciones positivas para nuestro país, también debe quedar claro que todos tenemos deberes, responsabilidades, obligaciones y tenemos derecho a reclamar lo que consideremos necesario pero también el deber de cumplir con una serie de normas para con nosotros mismos, la sociedad, el estado y los demás.
Finalmente, declaró que la reforma constituye un cambio de paradigma en el sistema jurídico nacional al establecer a la persona humana como el centro y objeto final y a su dignidad como el valor fundamental del estado mexicano, esto es el gran cambio revolucionario conceptual hacia donde se está dirigiendo el mundo o buena parte de él.