Impulsar el presupuesto que se requiere para atender temas relacionados con la violencia de género, mejorar la Ley de Víctimas de la entidad, crear un área de estudios de género en el Poder Legislativo y que la Procuraduría provea un directorio para atender y canalizar este tipo de casos a las instancias especializadas, por regiones y distritos, fueron los acuerdos de diputadas locales y funcionarias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).Al encabezar la Mesa de Trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género de la LIX Legislatura estatal con la PGJEM, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), presidenta de este órgano legislativo, dio lectura a los compromisos, y reconoció la labor de la dependencia estatal, al tiempo de indicar que deberán “trabajar muy de la mano” para adoptar modelos de atención y ordenamientos jurídicos que contribuyan a resolver la problemática, mientras que diputadas del PRI, PRD y PAN resaltaron la importancia del encuentro para la prevención de la violencia y atender a las víctimas.
Después de que Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, y Marcela Mora Córdoba, comisionada de Atención a las Víctimas del Delito, expusieron los principales programas, políticas y acciones que desarrollan, las legisladoras solicitaron ampliar la información sobre la alerta de género, la operación de los albergues para mujeres, los protocolos de atención a víctimas, la suficiencia del presupuesto dedicado a estas políticas y las acciones para atacar la problemática desde una perspectiva cultural, entre otros temas.
La diputada Tanya Rellstab Carreto (PRI) resaltó la sensibilidad para concretar políticas reales para erradicar estos males y afirmó que harán lo que corresponda en el ámbito legislativo, además de que se requiere abordar este tema desde un enfoque cultural.
Su compañera de bancada, Irazema González Martínez Olivares, quien reconoció el trabajo “sin precedente” en el Estado de México a favor de la mujer, destacó que las diputadas locales representan a cerca de 6 millones de mexiquenses, mientras María de Lourdes Montiel Paredes, también del PRI, reconoció al gobernador Eruviel Ávila Villegas por la amplia participación de mujeres en la PGJEM dedicadas a estos temas y propuso el uso del violentómetro en las escuelas.
La legisladora Juana Bonilla Jaime (PRD), quien consideró que la comisión también debería incluir legisladores, se pronunció por asumir el compromiso de trabajar en el presupuesto y etiquetarlo para atender temas de género, así como mejorar la legislación sobre atención a víctimas, crear una área de estudios de género en el Poder Legislativo, además de preguntar cuáles fueron las organizaciones que solicitaron la alerta de género y las edades de mujeres desaparecidas.
La prosecretaria de la comisión, Areli Hernández Martínez (PAN), resaltó la relevancia del trato a las víctimas, por lo que consultó las acciones para garantizar su reinserción y cuántas mujeres laboran en estas tareas, en tanto su compañera de bancada, María Fernanda Rivera Sánchez, se pronunció por seguir etiquetando recursos para atender este tema y analizar otros aspectos presupuestales, pidió saber si los albergues para víctimas de trata tienen lo suficiente, además de advertir la necesidad de capacitar a las nuevas autoridades municipales en esta materia.
Al clausurar la reunión, Josefina Aide Flores Delgado (PRI) reconoció la voluntad de diputadas y funcionarias para hacer posible esta mesa; informó que ya hay diputados varones invitados a participar en sus trabajos, y ofreció el respaldo de la comisión a las acciones de la administración estatal.
En su momento, Dilcya Samantha García destacó que la subprocuraduría y las dos fiscalías cuentan con 365 servidores, de los cuales casi 60% son mujeres. Comprende tres centros de justicia regionales y 14 agencias especializadas. Se han iniciado 102 mil 817 carpetas de investigación y concluido más de 66 mil, y en trata de personas se han abierto 106 carpetas.
Adicionalmente, se han rescatado y localizado a 133 víctimas, y se han radicado 46 casos de feminicidios, de los cuales 12 han sido judicializados.
Marcela Mora destacó que la atención a víctimas se opera mediante el Modelo de Atención Integral y la Carta de Derechos de las Víctimas, primeros en el país, y a las víctimas se les ofrece atención psicológica de manera directa, asesoría jurídica, trabajo social y apoyos económicos. Ambas solicitaron a las legisladoras su respaldo para conseguir un aumento presupuestal que se destinaría a incrementar el personal de esta dependencia, así como apoyar su trabajo y resultados.
En su momento, María del Sol Berenice Salgado, fiscal Especial para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Ausentes o Extraviadas, dijo que la edad promedio de mujeres reportadas como desaparecidas es de 12 a 25 años, sin embargo, durante el último año, menores de diferentes edades han salido de sus casas por hechos de violencia intrafamiliar.
Durante la reunión también estuvieron presentes las diputadas Laura Barrera Fortoul, Brenda Alvarado Sánchez, Leticia Calderón Ramírez, Marisol Díaz Pérez, Carolina Berenice Guevara Maupome y Leticia Mejía García, del PRI; Araceli Casasola Salazar (PRD), Beatriz Medina Rangel (Morena), así como Guillermina Cabrera Figueroa, fiscal para la Atención de Delitos Relacionados con la Trata de Personas, y Héctor Miguel Cruz Guadarrama, representante de la fiscal especial en Feminicidios, Irma Millán Velázquez.