El presidente de la Legislatura del Estado de México, Francisco Vázquez Rodríguez, aseguró que la entidad ya presenta avances significativos en varios de los ejes contemplados en el denominado “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de organización institucional y racionalización del gasto público.
En entrevista, el legislador destacó que el Estado de México se encuentra “adelantado en muchos temas” incluidos en esta propuesta, por lo que anticipó que la entidad continuará alineando su marco normativo y operativo para consolidar dichos cambios.
Uno de los puntos clave, explicó, será la eventual reforma en la integración de los cabildos municipales. Señaló que actualmente existe una estructura que combina representación por planilla y por segundas minorías, lo que ha permitido, dijo, fortalecer la vida democrática en la entidad. Sin embargo, reconoció que podrían realizarse ajustes, particularmente en la figura de las sindicaturas, lo que calificó como un cambio de fondo.
En el ámbito presupuestal, Vázquez Rodríguez subrayó que el Congreso mexiquense ha optado por una política de austeridad que ya arroja resultados concretos. Como ejemplo, informó que se han adquirido dos inmuebles para uso institucional —destinados a áreas de Comunicación Social y Administración—, lo que ha permitido dejar de rentar tres edificios y generar ahorros a mediano plazo.
“Primero tenemos que generar ahorros para que esos recursos se conviertan en patrimonio del Congreso”, sostuvo.
El legislador también rechazó percepciones sobre privilegios excesivos dentro del Poder Legislativo, al afirmar que no existen prerrogativas adicionales más allá de la dieta y el apoyo legislativo destinado a asesores y personal técnico. Enfatizó que el funcionamiento del Congreso depende de una plantilla de más de 2,500 trabajadores, entre personal de seguridad, limpieza y mantenimiento, cuya labor consideró fundamental.
Respecto al peso del Legislativo en el gasto estatal, detalló que el presupuesto del Congreso representa aproximadamente el 0.46% sin considerar el Órgano de Fiscalización, y alrededor del 0.54% al incluirlo, cifras que —dijo— se mantienen por debajo de otros parámetros y reflejan un manejo responsable de los recursos.
Finalmente, dejó entrever que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo estatal podrían encontrar eco en el Congreso local, en un contexto de coordinación institucional para avanzar en reformas estructurales.