Por Miguel Ángel Bautista Hernández
La pandemia ocasionada por el virus COVID-19 ha puesto en jaque al mundo entero, la incertidumbre reina entre la población que espera regresar a la nueva normalidad y con ello recuperar ‘algo’ de lo mucho que ha perdido.
Sin embargo, conforme transcurren los días las estimaciones de expertos son cada vez menos alentadoras; miles de mexicanos perderán sus empleos: la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) estima un crecimiento económico en 2020 de entre -3.9% y 0.1%; para el 2021 la estimación va de 1.5% a 3.5%.
El Estado de México se ubica a nivel nacional como una de las entidades del país con mayor crecimiento de la economía informal; el 52.8% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en dicha condición.
Diversos son los factores que intervienen en esta problemática, entre ellos las complicadas reglas de operación que maneja el Sistema de Administración Tributaria (SAT), hasta para que una persona pueda darse de alta en el padrón de contribuyentes; la precariedad en los salarios y la misma falta de empleo, que sigue lacerando a millones de mexicanos, y otros factores son lo que incrementan la alarmante pobreza en el Estado de México y en particular en la ciudad de Toluca.
Ante este panorama los ciudadanos prefieren formar parte del ambulantaje antes de morir de inanición, pero el mundo ha cambiado su dinámica; ahora los pequeños comerciantes, formales e informales, bajaron la cortina de sus negocios y los ambulantes no pueden salir a la calle a ofrecer sus productos. Quedaron a la deriva; se dice que trabajen desde casa, pero un vendedor ambulante no puede ofertar sus productos por línea, sino sale a la calle, se queda sin comer.
El comercio informal en la capital mexiquense proporciona dinero a cientos de familias que diariamente salen a las calles en busca de llevar alimento a sus hogares; sin embargo, en reiteradas ocasiones los vendedores son objeto de intimidaciones, violaciones a sus derechos golpizas e incluso encarcelamientos, acciones que son orquestadas principalmente por el gobierno municipal que encabeza Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien, lejos de dar alternativas y fomentar políticas publicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses, genera terror pues decomisan, golpean, amenazan, agrede y encarcelan a los comerciantes informales. Ejemplo claro es el salvajismo desmedido que con alrededor de 400 granaderos, contratados por el presidente municipal, van y golpean a gente humilde que trata de llevar el sustento a sus casas.
Ese es el verdadero rostro del partido morena y del presidente de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, quienes aplican una política represora que no brinda alternativas claras para la gente pobre.
¿Acaso ese es el cambio que prometieron Morena y Juan Rodolfo cuando estaba en campaña rumbo a la presidencia?
Como si esto fuera poco, ahora los comerciantes se enfrentan a la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19. El gobernador y el presidente recomiendan quedarse en casa, pero sin que hagan nada por subsanar la falta de alimentos de los pobres y desamparados de la capital mexiquense; hablamos de los que han sido despedidos, de los que descansaron por cubrir las indicaciones de la contingencia y de los que viven del comercio.
Cabe señalar que en países como El Salvador, España, Chile y Argentina, entre otros, se otorgaron distintos paquetes de apoyo económicos que incluyen créditos a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes), diferimiento del pago de impuestos, beneficios de desempleo en mayor proporción y ayuda monetaria para los trabajadores que han perdido su empleo a raíz de la situación del virus. Pero en la capital mexiquense la ayuda llega a cuenta gotas, pero solo a los amigos y más allegados del mandatario municipal, estatal o federal en turno, mientras el pueblo pobre se muere de hambre. Esa ha sido la política de Juan Rodolfo Sánchez, la del garrote a falta de resultados contundentes; golpes y encarcelamientos para los más humildes del municipio.