Al afirmar que “el derecho a la vida debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado”, el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa aseveró que el Grupo Parlamentario del PAN en la 60 Legislatura local, del que es coordinador, abonará para que ninguna niña o niño sea privado de la vida en la entidad, pero también para que ninguna mujer en estado de gravidez sufra abandono.
Durante el segundo foro “Protección a la maternidad y a la niñez mexiquense”, que se realizó en el salón Benito Juárez del Poder Legislativo, donde estuvieron presentes las diputadas Karla Leticia Fiesco García, presidenta de la Diputación Permanente, y Juliana Felipa Arias Calderón, Anuar Azar señaló que su fracción ha presentado al Pleno dos reformas tendientes a garantizar el derecho a la vida y la protección de las madres gestantes, en parto y en los primeros años de maternidad.
Ante su compañero de bancada, el diputado Reneé Rodríguez Yánez, el contralor legislativo, Victorino Barrios Dávalos, y el vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos, Everardo Padilla Camacho, Anuar Azar resaltó que la primera de estas iniciativas eleva a rango constitucional el derecho a la vida y la segunda tiene que ver con proteger la maternidad en todas sus etapas.
En este sentido, propone que la entidad sea la número 22 en legislar a favor de la vida y para que las mujeres embarazadas cuenten con diversos servicios gratuitos para ellas, sus hijas e hijos durante la infancia temprana, es decir, de los cero a los nueve años.
Destacó que “nuestra Constitución ya consagra, en su artículo quinto, el reconocimiento a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, pero no un reconocimiento explícito del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
El también secretario de la Junta de Coordinación Política dijo que la postura de su bancada bajo ninguna circunstancia es la de criminalizar a las mujeres que decidieron interrumpir el embarazo, sino que propone cambiar la pena privativa de libertar por trabajo comunitario y tratamiento médico y psicológico integral.
La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, al inaugurar los trabajos de este foro manifestó su beneplácito por que el Poder Legislativo sea sede de este evento: “Celebro este espacio de diálogo en un marco donde estamos claros que contar con una legislación especializada en protección de la maternidad y la niñez mexiquenses hará que el Estado de México sea un lugar de mayores oportunidades para el desarrollo y la justicia para todos sus habitantes”.
La legisladora destacó que el derecho a la vida es una condición inherente del ser humano y que el negarlo representa la pérdida de las condiciones espontáneas que surgen del estado físico de la presencia del hombre y la mujer en el mundo; a partir del momento de la concepción y hasta la muerte natural “no podemos entender la existencia de ningún otro derecho sin la existencia y respeto del derecho a la vida”.
Por ello, indicó que los legisladores tienen el deber de impulsar, a través de la normatividad, políticas públicas y acciones encaminadas a la protección más amplia de los derechos de la mujer embarazada y del embrión.
Señaló que se deben ofrecer alternativas para armonizar el derecho a la vida y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, por lo que al Estado le toca garantizar la preeminencia del derecho a nacer, cubrir necesidades básicas y la decisión de una mujer de ejercer la maternidad con responsabilidad, con opciones seguras y efectivas.
Por otro lado, Cristel Yunuen Pozas Serrano, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, dijo que el reto más importante, tanto para la administración pública como para los poderes Legislativo y Judicial, es generar más proyectos de vida, casas de medio camino, más programas a favor de las y los adolescentes, sobre todo de aquellos destinados a la prevención de embarazos, y alternativas al aborto como la entrega institucional de paso a la adopción.
La procuradora reconoció que habrá muchas discusiones al respecto, pero en el caso de una menor que ha sido abusada y producto de ello quedó embarazada, le permitirá a ella forjar su futuro y al infante contar con una familia que le dé una oportunidad de vida, y el reto del Sistema DIF es que estas niñas tengan una capacidad de resiliencia, una capacidad de sanar y de poder reconstruir un proyecto de vida”.