Para lograr la erradicación de la tortura y otras conductas que afectan a las personas detenidas, es fundamental la capacitación de los servidores públicos involucrados, señaló el ombudsman mexiquense Baruch Delgado Carbajal, durante los cursos impartidos en coordinación con la delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad.
En ese ámbito, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, colabora de forma activa para que las instancias que participan desde la investigación del delito hasta la ejecución del fallo judicial, alcancen un funcionamiento óptimo, pues todas las autoridades tienen la obligación de capacitarse sobre la observancia, respeto y garantía de los derechos humanos.
Ante el delegado de la PGR, Raúl Arroyo y unos 200 policías de más de diez municipios, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, el Ejército, la Marina armada y la Policía Federal, recordó que la reforma constitucional en derechos humanos, ayudó a replantear el rumbo de la actuación gubernamental, pues ahora, la impartición y procuración de justicia tienen una nueva perspectiva, al tener mecanismos y herramientas jurídicas eficaces en la materia.
En ese sentido, dijo, las instituciones deben sustentar su actuación en el respeto a los derechos humanos, para asegurar procesos legítimos, legales y que cumplan estándares constitucionales y convencionales, a través de acciones ágiles, transparentes y sólidas, que deriven en una absolución o condena por parte de algún juzgador.
En su participación, el delegado de la PGR, Raúl Arroyo, advirtió que los servidores públicos deben entender, que si realizan su trabajo por la ruta de la violación a los derechos humanos, en casos de detención o excediéndose en el tratamiento y llegan a la tortura, lo único que hacen es abrir la puerta para que quienes deben estar privados de su libertad, sigan en la calle.
Al reiterar la vinculación de la instancia federal con la Codhem, para extender las posibilidades de capacitación y sensibilización a mayor número de agentes que intervienen en los procesos penales, expresó que la cultura de derechos humanos debe permear en las jurisdicciones encargadas de procurar e impartir justicia, para no incurrir en omisiones o incluso, ellos mismos se pongan en riesgo de sanción, cuando trasgreden o exceden sus facultades.