Si la 60 Legislatura mexiquense del Estado de México no hubiera derogado las disposiciones legales por las que los nuevos alcaldes “podrían ser destituidos por laudos que ellos no propiciaron, se habría provocado el desfalco y el colapso operativo de las nuevas administraciones”, sostuvo la legisladora Beatriz García Villegas (morena).
El legislador Mario Gabriel Gutiérrez Cureño (morena) afirmó que las disposiciones derogadas, que fueron aprobadas en agosto, pretendían “poner de rodillas a los próximos presidentes municipales”.
Beatriz García agregó que si los municipios están endeudados y existen un cúmulo de laudos es por la irresponsabilidad de quienes han estado al frente de las administraciones pasadas y no derogar dichas reformas dejaría en total indefensión a los presidentes municipales pues la deuda en laudos podría desfalcar a los municipios.
En este sentido, también de morena, el legislador Tanech Sánchez Ángeles recordó que los adeudos por laudos laborales en todo el estado suman más de 7 mil millones de pesos que, “en su inmensa mayoría, corresponden a despidos injustificados”.
Resaltó que a unos días de que entren las nuevas administraciones se debe garantizar la certeza financiera de los ayuntamientos, pues estos adeudos podrían provocar incluso “el embargo de los bienes de las administraciones municipales”; lo que queremos, enfatizó, es generar certeza financiera para que los presidentes puedan atender sus funciones. “Que quede muy claro estamos porque se paguen los laudos, lo que decimos también es que no se destituya a los presidentes porque eso no resuelve el problema” e insistió en buscar otras soluciones.
La legisladora Liliana Gollas Trejo dijo que, en el caso de Naucalpan, se heredan laudos por 800 millones de pesos y el próximo gobierno iniciará con adeudos de mil 644 millones por lo que las nuevas autoridades municipales podrían empezar a laborar sin salario, en tanto la legisladora María del Rosario Elizalde Vázquez dijo que los diputados de morena “hoy velamos por quienes estarán al frente de esos municipios”.
Elizalde Vázquez se pronunció por revisar a quienes se han enriquecido en anteriores administraciones municipales y que paguen las deudas que hoy están heredando. En este sentido, recordó que hace unos días presentaron una reforma a la Ley de Extinción de Dominio del Estado de México para quitarles los que se llevaron de manera incorrecta.
Con las reformas aprobadas a los artículos 50 y 53 de la Ley Orgánica Municipal, que establecen atribuciones de los presidentes municipales y los síndicos, la 60 Legislatura revirtió algunas de sus disposiciones que cobrarían vigencia a partir del 1 de enero de 2019, las cuales fueron aprobadas por la anterior Legislatura y publicadas en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el pasado 19 de septiembre.
Con estas reformas, los presidentes municipales que entran en funciones el 1 de enero próximo, así como los representantes legales de los ayuntamientos que se asignen a los casos de litigio laboral, no serán considerados responsables por la falta de seguimiento y atención de estos casos instaurados en contra de los municipios.
La iniciativa presentada al Pleno por la diputada Elba Aldana Duarte, del Grupo Parlamentario de morena, busca evitar que a los nuevos ediles se les finquen responsabilidades administrativas por acciones u omisiones atribuidas a sus predecesores.
De acuerdo con lo aprobado, cuando los ayuntamientos no cumplan con la vigilancia y ejecución de los programas y acciones para prevenir, atender, y en su caso, pagar sus responsabilidades económicas derivadas de conflictos laborales, los presidentes municipales tampoco serán considerados responsables, por lo que no les corresponderá pagar los créditos laborales laudados en contra del ayuntamiento durante su gestión ni en las posteriores, en caso del incumplimiento de tales pagos.
Esto aplicará también cuando el ayuntamiento no haga la entrega mensual de una relación detallada del monto económico de los litigios laborales en su contra para la implementación de los programas y acciones de prevención, atención y, en su caso, pago de esas responsabilidades económicas.
En el mismo sentido, tampoco se le fincará responsabilidad al presidente municipal cuando se incumpla con la elaboración y aprobación en el Cabildo del presupuesto correspondiente al pago de las responsabilidades económicas derivadas de los conflictos laborales y no se informe al Cabildo de los casos de terminación y recisión de relaciones laborales independientemente de su causa, así como de las acciones que al respecto se deban llevar a cabo para evitar juicios laborales.
Adicionalmente, el Pleno legislativo aprobó, en la sesión ordinaria del pasado 13 de diciembre, que ni el síndico, el tesorero y el presidente municipal sean considerados responsables del pago de tales laudos cuando el ayuntamiento incumpla con la supervisión a los representantes legales asignados por éste para la correcta atención y defensa en los litigios laborales y no se informe al presidente cualquier irregularidad en los casos.