- El Congreso mexiquense aprobó las iniciativas de la bancada del PRI y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados.
- Para combatir este delito, la conducta se perseguirá de oficio y se fortalecerá la coordinación interinstitucional y transversal.
- Se establecerán el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados; la Fiscalía Central Especializada en el Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro; y el Centro Estatal de Atención a Denuncias por Delitos de Extorsión.
Como respuesta especializada y coordinada frente a las distintas modalidades de extorsión, el Congreso mexiquense expidió la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México y reformó diversos ordenamientos, con lo cual esta conducta se perseguirá de oficio y se fortalecerá la coordinación interinstitucional y transversal para su combate.
Con la nueva normatividad y las reformas—que conjuntaron iniciativas de los legisladores Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador y miembro del Grupo Parlamentario del PRI, respectivamente, y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez—, se regulan los mecanismos de coordinación, acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben implementar, en el ámbito de su competencia, para prevenir, investigar, perseguir, atender y combatir la extorsión y otros delitos vinculados.
De acuerdo con el documento, leído por el legislador Vladimir Hernández Villegas (morena)—quien aseguró que la responsabilidad de las, le y los diputados es dejar un legado como representantes populares que actúen con responsabilidad—, también se creará el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados; la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro (dependiente de la Fiscalía General de Justicia mexiquense); y el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión.
El consejo será un órgano colegiado permanente que permita la concertación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia, y fungirá como instancia de planeación estratégica, vinculación interinstitucional y rendición de cuentas, asegurando que las acciones de prevención, atención y combate a la extorsión se desarrollen de manera coherente, transversal y alineada con la estrategia nacional, incorporando la participación municipal y el acompañamiento de sectores sociales y académicos.
Por otro lado, la nueva fiscalía investigará los hechos relacionados con este delito, con personal capacitado, evaluado y con la certificación y especialización requeridas, conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, con la actualización al marco jurídico estatal, que conlleva reformas al Código Penal y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad contará con un Centro Estatal de Atención para fortalecer la atención, orientación y canalización de denuncias. Igualmente, la dependencia implementará una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, para inhibir la comisión del delito, reducir la cifra negra y generar condiciones de confianza institucional.
Con lo anterior se busca brindar una respuesta oportuna, especializada y coordinada frente a las distintas modalidades de extorsión, promoviendo la cultura de la denuncia y facilitando la adopción de acciones preventivas focalizadas, particularmente en sectores y regiones de mayor riesgo, contribuyendo de manera directa a la protección del patrimonio, la integridad y la seguridad de las personas.
Finalmente, se deroga el delito de extorsión como tipo penal del Código Penal estatal, debido a que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión (reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 de la Constitución federal) lo incorpora y establece las sanciones respectivas.
Entre los artículos transitorios de la nueva normatividad, se puntualiza que los centros penitenciarios estatales contarán con un plazo de 150 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para establecer procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen.