Este medio día se celebraría la sesión deliberante de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Administración y Procuración de Justicia en la que se aprobaría el dictamen que reformaría el código civil, aprobando los matrimonios igualitarios y el derecho a la adopción por parte de quienes conformen una sociedad de este tipo.
Sin embargo, a pesar de lo importante del tema, diputados de Morena, Acción Nacional, Encuentro Social y Partido Verde hicieron un vacío que generó en la suspensión de la sesión por ‘falta de quórum’.
Para el diputado Omar Ortega, coordinador de la bancada perredista esta acción “fue un acto mezquino con el que se pretende regatear derechos reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
De los ausentes el único Grupo que había sido claro en su postura en contra de esta iniciativa, fue el de Acción Nacional, los demás han sido vacilante en sus posturas, ya que en su discurso dicen una cosa y en los hechos hacen lo contrario, expresó el también dirigente perredista Omar Ortega.
“No se puede ser de izquierda y abofetear las prerrogativas ciudadanas con la derecha, no se trata de ceder privilegios, sino de simple y llanamente reconocer un derecho”.
Por lo que el diputado señaló que no hay argumentos que justifiquen la negación a esta iniciativa, ya que el tema ha sido discutido por casi una década en el Estado de México, e incluso, la máxima casa de estudios de la entidad, la UAEMEX realizó una serie de foros en los que se discutió este tema, teniendo por resultado su visto bueno a dicha propuesta.
En conferencia previa, la diputada Araceli Casasola y su compañero de bancada Omar Ortega, anunciaron que no aceptarán regateos al contenido de su iniciativa y que seguirán impulsando el reconocimiento a estos derechos en las próximas semanas.
Por último, Ortega Álvarez señaló que era incongruente la decisión de varios actores que se dicen de izquierda, “tal parece que su criterio depende de lo que le dicten sus cúpulas nacionales y que no darán un paso sin su previa autorización, aún cuando estén de por medio los intereses ciudadanos.