Para garantizar que las personas con discapacidad gocen de sus derechos, especialmente a la educación, la diputada Julieta Villalpando Riquelme, coordinadora del Grupo Parlamentario Encuentro Social (PES) propuso reformas a la Ley General de Educación para consignar que se garantice el acceso, la permanencia y la educación de calidad a este sector, proporcionando materiales educativos y didácticos, apoyos pedagógicos, recursos tecnológicos y tecnologías de la información acordes con la discapacidad de que se trate.
En sesión del Segundo Periodo Ordinario que preside Mariana Uribe Bernal (morena), agregó que en el caso de invidentes y débiles visuales se proporcionen libros en Braille, macro tipos y estrategias auditivas de acceso al conocimiento, además de software especial a las escuelas que lo requieran. Estos mismos recursos pedagógicos se proporcionarán para la aplicación de exámenes de ingreso en los niveles educativos de secundaria, media superior, superior y posgrado, precisó.
La educación, señala el documento, es un derecho fundamental y un bien público, por lo se debe garantizar que toda la sociedad tenga acceso a sus beneficios, ya que través de la educación las personas mejoran sus condiciones de vida, sus expectativas de inserción productiva y sus ingresos, además de ampliar sus posibilidades de movilidad social.
Agrega que en México las personas que padecen alguna discapacidad son aproximadamente 10 millones de mexicanos según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), y que la ceguera o debilidad visual es considerada la segunda causa de discapacidad en nuestro país. Aunque la población más afectada son adultos y ancianos, “es preocupante que el 17.2 % de quienes padecen discapacidad visual son menores de 30 años, lo que significa que un porcentaje importante de este sector se encuentra en una edad promedio para cursar algún nivel educativo”, concluyó.
La iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, mediante el cual se adiciona una fracción XVI al artículo 33 de la Ley General de Educación, fue remitida a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
SENADO LLAMA A REFORZAR NORMATIVA CONTRA MATRIMONIO ENTRE MENORES
Por otro lado, la diputada Iveth Bernal Casique, vicepresidenta de la Directiva, dio lectura al comunicado que remitió la Cámara de Senadores sobre el punto de acuerdo por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas reforzar en sus leyes locales las disposiciones correspondientes para prohibir el matrimonio entre menores de 18 años.
La diputada del PRI señaló que el 11 de octubre de 2018, el Senado de la República aprobó este punto de acuerdo para hacerlo acorde con las disposiciones establecidas en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siendo de suma importancia eliminar salvedades o convenios especiales que lo permitan.
La legisladora dijo que el Senado de la República, a través de este punto de acuerdo, también solicita a los gobiernos de las entidades federativas a fomentar los derechos de las niñas y niños para evitar la práctica del matrimonio en menores de edad, así como el concubinato y otras prácticas de unión libre entre ellos, esto para generar mejores condiciones de bienestar y desarrollo para ellos.