Chimalhuacán, Estado de México.- A principios del año 2020 el director de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, informó a las autoridades municipales de Chimalhuacán que se contaba con un presupuesto de 36 millones de pesos para un programa federal de vivienda para la localidad; sin embargo, tiempo más tarde comunicaron sobre la participación de financieras privadas, las cuales evidentemente lucraran en forma de créditos con dicho programa sin beneficiar en nada a las familias chimalhuacanas.
No obstante, parte de los habitantes no cuenta con una vivienda digna o en caso distinto una vivienda propia, sumado a esto, la mayoría no cuenta con un trabajo formal el cual proporcione ingresos mayores para acceder a un crédito para la construcción o adquisición de una vivienda.
Tras lo antes mencionado, el municipio de Chimalhuacán formaría parte del programa de mejoramiento de barrios y viviendas establecido por la SEDATU; donde esta secretaria aplicaría 36 millones de pesos en vivienda y que el subsidio federal sería al 100% para los beneficiarios y que no habría una aportación municipal ni de los vecinos, lo que contribuiría a la mejora de vivienda de 440 familias que se registraron a dicho apoyo.
Sin embargo, poco tiempo después Meyer Falcón, se desdijo de su palabra y cambió la operación, comunicando que el subsidio llegaría a través de empresas privadas denominadas “entidades ejecutoras” las cuales son financieras privadas, las cuales buscan lucrar con el apoyo de vivienda al condicionar su entrega convirtiéndolo en créditos para que los beneficiarios paguen a largo plazo y con altos intereses.
A principios del año 2000, el territorio de Chimalhuacán era considerado como uno de los municipios más pobres y marginados del Estado de México. Durante 21 años, gracias al trabajo y dedicación de luchadores sociales del Movimiento Antorchista y pobladores de la entidad, se dio inicio a un desarrollo social y de infraestructura, beneficiando a miles de habitantes y futuras generaciones los cuales hoy gozan de servicios básicos como lo son: agua potable, drenaje, luz eléctrica, además de un fácil acceso a la educación, salud, cultura y el deporte. Para este tipo de programas de vivienda, anteriormente el ayuntamiento aportaba un 50%, el beneficiario un 5% y la federación un 45%, hoy eso quedó en el pasado afectando a miles de familias que padecen hacinamiento.
Por ello, los solicitantes de este programa en conjunto del Movimiento Antorchista de Chimalhuacán exigen de manera enérgica y pacífica al gobierno federal morenista y a la SEDATU, cumplan con el compromiso de otorgar el programa de vivienda 100% subsidiada a las 440 familias.