Tras las recientes reformas constitucionales y legales en materia de transparencia, algunas instituciones públicas, como los Sistemas Municipales DIF y los Organismos de Agua, Saneamiento y Alcantarillado de numerosos ayuntamientos mexiquenses, sindicatos y partidos políticos, se incorporan ahora como sujetos obligados directos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Por lo tanto, es sumamente relevante construir alianzas que permitan cumplir oportunamente con estas nuevas responsabilidades, puntualizó Josefina Román Vergara.
Durante la entrega de claves de los sistemas informáticos establecidos por este órgano garante, la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) enfatizó que la entidad ha buscado permanecer a la vanguardia en la materia. Por ello, cuenta con innovaciones muy relevantes, como los sistemas de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex), de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex) y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Sarcoem), además del Programa de Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales y el plan de certificación para los titulares de las Unidades de Transparencia.
El conjunto de estas herramientas permite al Infoem y a los sujetos obligados ir de la mano y formar equipo, resaltó la Comisionada Presidenta, para lograr que la ley se cumpla en todo el territorio estatal y sea posible asegurar que los mexiquenses sí tienen garantizados los derechos fundamentales de acceso a la información pública y protección de los datos personales. De este modo, invitó a los asistentes a conocer y acatar los mandatos legales, pues el Infoem debe vigilar su cumplimiento y, en caso de que detecte incumplimientos, imponer las sanciones previstas en las normas.
Por otro lado, la Comisionada Zulema Martínez Sánchez habló a los presentes sobre la interconexión entre la Plataforma Nacional de Transparencia, el Ipomex, el Saimex y el Sarcoem. Destacó que el Estado de México, como entidad vanguardista, cuenta con sus propios sistemas para garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de los datos personales desde hace años, por lo que los nuevos servidores públicos habilitados; sobre todo, en el ámbito municipal, podrán seguir trabajando con seguridad, certeza y apoyo del Infoem, lo que se verá reflejado en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Asimismo, invitó a los asistentes a aprovechar las bondades de los sistemas, ya que, por ejemplo, el Ipomex posee un espacio específico para transparencia proactiva, en tanto que el Sarcoem es la única plataforma del país enfocada exclusivamente al ejercicio de los derechos ARCO, por lo que ambas permiten optimizar la gestión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En el mismo sentido, se refirió a la relevancia de revisar puntualmente las tablas de aplicabilidad, para identificar las obligaciones de transparencia correspondientes a cada sujeto obligado, para lo cual recordó que el Infoem funge como aliado en la capacitación de los funcionarios encargados de estas tareas.
Por su parte, el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández indicó que el acceso a la información pública y la protección de los datos personales implican, para las instituciones públicas, un esfuerzo adicional destinado a sistematizar la información generada en el ejercicio de sus facultades, competencias y funciones y a atender las solicitudes de información con oportunidad y suficiencia. Sin embargo, resaltó, si bien ello parece involucrar una mayor carga de trabajo, el interés de las personas por formular dichas solicitudes constituye una auditoría ciudadana que contribuye a mejorar las actividades administrativas de manera preventiva.
En tal sentido, llamó a los asistentes a documentar las decisiones gubernamentales, divulgarlas proactivamente y garantizar los derechos de los particulares, partiendo de la base de que los archivos, entendidos como sistemas de resguardo documental que deben permanecer clasificados, sistematizados y adecuadamente preservados, albergan el principio básico del derecho de acceso a la información pública.