El diputado del PRD, Javier Salinas Narváez presentó ante el pleno la iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene como objetivo expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, además de establecer la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno en materia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el establecimiento de las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con lo anterior, el legislador del sol azteca hablo de la consideración de la Asamblea en relación con los ajustes necesarios para su aplicación dejando claro el ámbito competencial del Estado, por lo que estipuló las siguientes características: definir las competencias del gobierno estatal y las de sus municipios, definir las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas, establecer los procedimientos de investigación y de sanción, establecer las sanciones por responsabilidad administrativa, crear un nuevo Registro Local de Servidores Públicos Sancionados, los medios de impugnación, y por último los procedimientos innovadores de corresponsabilidad y participación social.
Aseverando en lo precedente, el diputado detalló el papel que corresponderá al Gobierno del Estado para conocer sobre las conductas que correspondan al servicio público de este orden de gobierno, así como de aquellas que se afecten a recursos o bienes estatales, además de que en su realización se encuentren involucradas personas que pudieran ser servidores públicos del orden municipal.
En la sucesión Javier Salinas reiteró las principales configuraciones de responsabilidades administrativas, insistiendo en que la legislación actual es omisa en establecer esta circunstancia, ya que el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades del Estado de México y Municipios, establece un catálogo de conductas deseables y reprochables, por lo que se señala que la inobservancia del mismo dará lugar a responsabilidad administrativa.
Para concluir, el diputado subrayó en la Ley como eficaz y efectiva, debido a que su función disuasiva incentivará comportamientos responsables y comprometidos, dejando claro que los recursos públicos tendrán una mejor probabilidad de emplearse adecuadamente y, por tanto, se lograrán de mejor manera los fines de bienestar común.