- Hizo un llamado a los 125 municipios para que la acepten y a la Secretaría de Educación estatal para atenderla.
- La Ley General para sancionar los Feminicidios debe incluir las tres dimensiones del Derecho: el hecho social, la norma y políticas públicas que vayan más allá de cualquier sexenio o trienio
Toluca, Estado de México.- Educación y prevención son los elementos esenciales para erradicar la violencia de género y los feminicidios, sentenció el ombudsperson, Jorge Olvera García, durante el foro “De la prevención a la erradicación de los feminicidios en el Estado de México. Construcción de la Ley General”, organizado por la diputada local Karla Fiesco García, donde llamó a las autoridades municipales y estatales a atender la Recomendación General 1/2018 sobre la situación de la violencia de género y el feminicidio.
En su intervención, la presidenta de la Mesa Directiva de la LX legislatura local y organizadora del Foro, Karla Fiesco García, destacó que todos los sectores deben sumarse para construir la ley general que permitirá salvaguardar el derecho a la vida y al desarrollo de todas las mujeres, pues las mexiquenses necesitan medidas urgentes para salir de la situación que asola cada día a las familias.
“Sin duda alguna la muerte pesa, pero pesa con mucha indignación y vergüenza la muerte que se da por el hecho de ser mujer”, destacó.
La legisladora agradeció a las y los participantes del foro su compromiso por impulsar mecanismos para cambiar la triste realidad que vive el Estado de México, en donde es urgente materializar ideas y garantizar derechos, a fin de erradicar la violencia de género y los feminicidios.
Al referirse a los retos para prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios, Olvera García explicó que una de las respuestas es la prevención, “antes que hacer leyes que engrosen el papel de todos estos cuerpos normativos que muchas veces no se aplican en México, debemos prevenir y predecir, pues ya se sabe cómo suceden y sus causas sociológicas, antropológicas y culturales, pero falta saber el por qué. Tenemos que decir que una ley, si bien es una atenuante, es una de las soluciones, no es la medicina general para erradicar éste y otros flagelos que atentan contra la sociedad.”
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), abundó que se debe construir una ley que incluya las tres dimensiones del Derecho: “el hecho social, la norma, el valor, pero sobre todo, la axiología y la responsabilidad en la elaboración de políticas públicas que vayan más allá de cualquier sexenio o trienio”.
Recordó que la Comisión de Derechos Humanos estatal expidió en 2018 la Primera Recomendación General sobre la situación de violencia de género en el Estado de México, en particular la feminicida y el feminicidio, elaborada con la opinión de académicos, conocedores del tema y representantes de organizaciones no gubernamentales, por lo que exhortó a que pueda cumplirse, pues si bien fue dirigida a los 125 municipios, al Presidente del Tribunal de Justicia estatal y al Fiscal General de Justicia, ningún ayuntamiento la ha aceptado y sólo éste último respondió, a pesar de que su contenido busca coadyuvar a atender la problemática social.
“La voluntad para hacer la ley, la cohesión de esfuerzos de instituciones públicas, de poderes, de la iniciativa privada, de medios de información, es profundamente urgente. Así tengamos la ley más perfecta del universo, ésta no va a resolver el flagelo. La voluntad, la educación, repito,educación, hay que educar a un niño 20 años antes de que nazca, lo decía Napoleón, tenemos que empezar con eso.”
“Desde aquí hago un atento y respetuoso llamado para que la Secretaría de Educación y aquellos que tengan que ver con la administración escolar, tengamos y podamos asumir la convocatoria respetuosa que lanza esta Recomendación General.”
En su participación en el panel Retos y Avances desde la Perspectiva de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y la academia, Olvera García también reiteró el llamado respetuoso a que la legislatura local apruebe la iniciativa de ley para certificar a los defensores municipales y tengan la idoneidad necesaria, ya que los ayuntamientos son los primeros respondientes en caso de violaciones a derechos humanos y de feminicidios.