- Hacemos un llamado puntual a la estructura del Estado Mexicano para evitar que el nuevo marco legal constituya un espacio de salida y de impunidad de funcionarios públicos.
- El delito de desaparición forzada es un delito por naturaleza jurídica e histórica evidentemente está vinculado con funcionarios del Estado.
- Que las investigaciones no se limiten a particulares que pudieran participar en delitos de la desaparición forzada, demandó.
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” advirtió que con la creación de Fiscalía Especializada en Investigación de Desaparición Forzada (PGR) se podría abrir un espacio de impunidad para los servidores públicos, al juzgar por este ilícito a particulares que pudieran participar en este tipo de conductas.
De acuerdo al coordinador del CDHZL, José Antonio Lara Duque, si bien es un avance la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entraña un riesgo de crear espacios de impunidad para los servidores públicos.
“Es por ello que hacemos un llamado puntual a la Procuraduría General de la República y a las personas que conformarán esta nueva fiscalía, así como a toda la estructura del Estado Mexicano dado que este delito, cometido por particulares, puede ser espacio de salida y de la impunidad de funcionarios públicos”, asentó.
Lara Duque recordó que el delito de desaparición forzada está vinculado —por naturaleza jurídica e histórica— con funcionarios del Estado, esto significa que si bien particulares pueden participar en estos hechos, es prácticamente imposible que no esté vinculado con la violación a los derechos humanos del Estado por omisión, acción o aquiescencia”.
Por ello —puntualizó— es importante que las investigaciones evitan limitarse a investigar a particulares que pudieran participar en delitos de la desaparición forzada, sino que vayan más allá relacionar a los servidores públicos y/o funcionarios que estén relacionados con estos hechos.
“Podemos asegurar que en la gran mayoría de los casos de desaparición forzada de personas participan particulares vinculados con funcionarios del Estado”, puntualizó en abogado.
De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la nueva unidad estará adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), y se encargará de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con delitos señalados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Asimismo, el fiscal, quien será designado por el titular de la PGR, tendrá la calidad de agente del Ministerio Público, deberá recibir las denuncias relacionadas con delitos en materia de su competencia e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.
También mantendrá coordinación y comunicación constante con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, las comisiones locales y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes.