- El desafío es dar continuidad a la impartición de la justicia y poner a salvo el derecho de acceso a la justicia de todas las personas en la entidad mexiquense.
Toluca, Estado de México.- El derecho de acceso a la justicia es un tema transversal que está en todos los aspectos de la vida social, y se traduce en la seguridad jurídica que cada persona debe tener, por tanto, la pandemia por COVID-19 representa un desafío para quienes trabajan en los tribunales impartidores de justicia y para que la población pueda continuar con los procesos, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García.
“La pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la fragilidad social, política, jurídica y cultural que se tiene; el Estado debe asumir la crisis por la que estamos transitando, como una oportunidad para fortalecer el papel fundamental de los órganos y tribunales que fungen como guardianes de los derechos humanos, ya que debe darse continuidad”, subrayó.
En el marco de la sesión dedicada al análisis del tema “El Derecho de acceso a la justicia”, como parte del Seminario Internacional “El asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos: desafíos mundiales para el Estado Constitucional”, organizado por la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC) y la Codhem, el ombudsman mexiquense explicó que todas las personas tienen el derecho de acceder a tribunales e instancias públicas para demandar el ejercicio de sus derechos y satisfacción de sus intereses.
Admitió que, en México, la ampliación de la cuarentena trajo consecuencias dañinas sobre todo en las actividades judiciales; como en todos los países afectados por el virus, dijo, los esfuerzos para detener la transmisión del COVID-19 tuvieron un impacto masivo en el funcionamiento de los sistemas jurisdiccionales, pues la mayoría de los asuntos fueron diferidos y otros, aplazados.
Sin embargo, recalcó que bajo la premisa de salvaguardar la vida y la salud pública, los jueces deben continuar con el servicio a la comunidad, sobre todo para pronunciarse sobre medidas urgentes y más cuando se trata de derechos fundamentales o de la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, como son las víctimas de violencia doméstica o familiar durante el confinamiento.
Recordó que la Recomendación General 1/2020 sobre la Atención a la Pandemia por COVID-19 con perspectiva de Derechos Humanos, emitida por la Codhem, refiere que es indispensable asegurar el acceso a la justicia que asiste a toda persona, sobre todo durante la contingencia, “para cumplir con la máxima de que toda aquella persona que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”; por ello, Olvera García reconoció al Poder Judicial mexiquense, que reanudó actividades en juzgados civiles en línea, especializados en juicios y de usucapión, para que los usuarios realicen procesos de manera remota y se dé continuidad a la impartición de justicia en la entidad.
En la recomendación general, detalló, destacan las acciones del Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad estatal para agilizar los procedimientos para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada para personas privadas de libertad (PPL), que cumplan con los requisitos de la Ley de Nacional de Ejecución Penal; por lo que ambas instancias aceptaron la recomendación general, y la Codhem se sumó a la iniciativa de la Ley de Amnistía presentada en la Cámara de Diputados local, para que más personas sean beneficiadas.
Olvera García comentó que para combatir el agravamiento de la violencia contra las mujeres durante la contingencia sanitaria, la Recomendación General indica que es prioritario que las autoridades de procuración de justicia continúen otorgando servicios presenciales, como lo hace la Codhem, sugerencia que también fue atendida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al implementar las medidas de protección para su personal y usuarios, con lo cual se observan muestras claras de cumplimiento.
Por último, hizo un llamado a los especialistas de la Red Internacional de Estudios Constitucionales para replicar y difundir el uso del cubrebocas, como una medida de protección, urgente e incondicional que hace la diferencia entre la vida y la muerte.