Hace unos momentos el que fuera Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, hizo pública su renuncia, acusando “discrepancias en materia económica (…) Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento.”
Está renuncia viene a profundizar la crisis de confianza que enfrenta el gobierno de la autoproclamada cuarta transformación, ya que se confirma la crítica señalada por analistas sobre la incertidumbre que estaba generando el manejo de la hacienda pública, así como de sus las repercusiones económicas que alimentan la desconfianza en el sector financiero.
Lo anterior, puede traer como consecuencia la falta de inversiones, el encarecimiento de la deuda del gobierno y finalmente una disminución en la inversión pública con consecuencias graves para el desarrollo del País.
El influyentismo y conflicto de intereses de los que habla en su renuncia se deben investigar, no puede tratarse de una forma a ciudadanos, corporaciones y organizaciones; mientras a fuego lento se cocina una nueva estructura burocrática con los mismos vicios que la ciudadanía no se ha cansado de señalar.
Aunado a que con las bajas que ha presentado el gobierno federal en estos pocos meses de gobierno, se ha exhibido la fragilidad del gabinete ante la figura presidencial, el autoritarismo no es una buena señal frente a la incipiente democracia del País.
El presidente López Obrador aun tiene la oportunidad de dar un ajuste al engranaje de su gobierno y corregir el rumbo que ha trazado desde el inicio de su mandato, dónde la economía familiar y las oportunidades de trabajo van en caída libre.
De seguir por la ruta de “no ver ni oír” lo que ocurre más allá del gobierno, debilitará aún más su gestión, ya que seguramente durante el verano se podrían sumar otras renuncias, siendo la economía familiar la más afectada.