La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de 60 Legislatura mexiquense, presidida por el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), manifestó su disposición de colaborar con la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal para mejorar las condiciones laborales y la seguridad social de los mexiquenses.
Esto, durante la comparecencia con motivo del Primer Informe de Gobierno, de la titular de esta dependencia, Martha Hilda González Calderón, a quien los legisladores le plantearon su preocupación por el desempleo, comercio informal, justicia laboral, trabajo infantil, violencia y hostigamiento laboral, discriminación, pensiones y baja productividad de la entidad, entre otros temas.
La diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, de morena, exigió a la secretaria atender el desempleo mediante la generación de puestos de trabajo mejor remunerados, garantizar que las empresas brinden seguridad social a sus trabajadores y que se garantice una democracia real en la elección de la dirigencia del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México.
También pidió dar un adecuado seguimiento a los egresados de las universidades para acercarlos al mercado laboral sin exponerlos a la explotación. Cuestionó qué medidas se implementan para erradicar el trabajo infantil y cuáles son las condiciones reales que enfrenta el Issemym.
La diputada priista María Mercedes Colín Guadarrama, prosecretaria de la comisión, dijo que la entidad se encuentra entre las diez entidades con menor productividad del país, lo que significa que las y los mexiquenses se emplean en actividades poco productivas, y cuestionó sobre el principal reto de esa dependencia en materia de justicia laboral. También preguntó si es cierto que los alcaldes son responsables solidarios en el tema del pago de laudos.
El diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT) dijo que cerca de 3.8 millones de personas perciben hasta dos salarios mínimos y preguntó cuál es la metodología que permite suponer un desempleo de tan sólo 4.4 por ciento cuando todo indica que pueden estarse considerando las personas que se emplean solo un día por semana.
Para el PAN, en voz de la legisladora Karla Leticia Fiesco García, la entidad registra la sexta productividad más baja del país, lo que no corresponde con el dato oficial de un incremento de 3.1 por ciento en este indicador en el primer trimestre de 2018, y preguntó a la secretaria cómo cumplirá la meta de generar un millón de empleos durante la actual gestión estatal.
Dijo que la justicia laboral debe ser cercana, objetiva y eficiente, y preguntó cómo se pretende disminuir el número de juicios laborales que se procesan actualmente.
La legisladora María de Lourdes Garay Casillas, en nombre del PES, expuso que su Grupo Parlamentario no critica por criticar, sino que intenta hacer conciencia sobre los reclamos de la ciudadanía por mejores servicios. Señaló que ante el aumento de la población, los apoyos oficiales no se han incrementado.
Cuestionó si el presupuesto de la dependencia se ha empleado en sueldos o en apoyos al sector laboral y afirmó que su partido siempre ha pugnado por encontrar soluciones en conjunto, por lo que pidió propuestas para que esta comisión y la secretaría procuren que a los mexiquenses nunca les falte trabajo y puedan llevar el sustento a sus familias.
La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) afirmó que a los mexiquenses les preocupa el desempleo y los bajos salarios; señaló que miles trabajan en el comercio informal porque no tienen mayores opciones, y pidió información sobre el número de personas que esta dependencia ha ayudado a obtener empleo, y cómo se incentivará a las empresas a contratar jóvenes egresados e integrar a las nuevas generaciones al empleo formal.
Del PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar apuntó que su partido siempre ha defendido los derechos de los trabajadores y su seguridad social. Recordó que en su momento rechazó la aprobación de la “ley Issemym”, sobre la cual solicitó a la secretaria su opinión. También cuestionó sobre las acciones para erradicar la violencia y el acoso laboral, a cuánto asciende la deuda laboral en la entidad y en qué niveles de eficiencia se encuentra la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Adicionalmente consultó por políticas hacia los jóvenes que no trabajan ni estudian.
La diputada Claudia González Cerón (morena) preguntó sobre las acciones de la Secretaría del Trabajo para reducir el empleo informal y para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, y respecto de las sanciones a empresas que no dan las prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores.
El diputado Bernardo Segura Rivera, del PT, preguntó cómo se piensa resolver la inestabilidad y la inconformidad laboral, así como la precariedad salarial; cómo se coordinarán con el gobierno federal para impulsar el apoyo a los jóvenes que no estudian ni trabajan y cuestionó si estaría dispuesta a poner en marcha el seguro de desempleo y de cuánto es el monto de los laudos laborales en contra de los ayuntamientos.
El diputado Luis Antonio Guadarrama expresó el deseo de la comisión de colaborar con la Secretaría del Trabajo, pues hay temas importantes sobre los que se debe legislar para brindar mejores condiciones a los trabajadores de la entidad.
Al responder a los planteamientos de los legisladores, Martha Hilda González dijo que la dependencia a su cargo ha incrementado los programas de capacitación para el empleo y fortalecido sus políticas de justicia laboral. Confió en que al término de la actual administración se cumplirá el compromiso del gobernador Alfredo del Mazo de generar un millón de empleos en la entidad.
Informó que hasta julio de este año se han generado 227 mil empleos y que se han realizado 886 inspecciones de las condiciones generales en centros de trabajo y 264 en materia de seguridad y salud. Afirmó que en 69 meses no ha habido huelgas en el estado.
Admitió que se necesita fortalecer el empleo digno, y por cuanto el acoso laboral dijo que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje han incorporado en sus manuales de organización la cláusula de igualdad y no discriminación para los contratos colectivos.