- Por primera la legislatura cumple su facultad de fiscalizar cuentas y exigir sanciones, ante solo era “oficialía de partes” para recibir los reportes
Temoaya, Méx.- Con la votación unánime de 75 diputados de todas las fracciones parlamentarias, la 60 legislatura local aprobó iniciar el procedimiento de remoción del Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Baz Ferreira, por sus omisiones y actuación parcial en la revisión de la Cuenta Pública 2017, y acordaron iniciar la reestructuración del órgano.
Tras la revisión de la Cuenta Pública 2017 del Gobierno del Estado de México, Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos del Estado de México, la Comisión de Vigilancia del OSFEM resolvió que hay numerosas auditorías a entes públicos sin ningún tipo de procedimiento resarcitorio.
“Necesitamos que se reestructure el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, dando como primer paso la remoción y sustitución del auditor, derivado de lo que encontramos en nuestro análisis en las mesas de trabajo: que hay poca información sobre auditorías, no se desempeña bien el trabajo y hay una actitud de parcialidad en su labor”, acusó el diputado Tanech Sánchez Ángeles, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM.
Entre las irregularidades detectadas por la comisión destacan que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) tiene más de 10 mil millones de pesos de adeudos, transferencias de recursos que contravienen la ley, diferencias de ampliaciones presupuestales por 3 mil 719 millones 324 mil 600 pesos y pasivos por 2 mil 565 millones de pesos.
En el resolutivo octavo del proyecto de decreto presentado por la Comisión de Vigilancia del OSFEM, se solicitó a la Junta de Coordinación Política que inicie el procedimiento de remoción, a partir de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017.
El proyecto también instruye al órgano dar seguimiento a la cuenta pública de los entes y enviar en cuatro meses, informes mensuales sobre las solventaciones, recomendaciones emitidas y auditorías en curso.
El diputado Gabriel Gutiérrez Cureño celebró que el Congreso local haya recuperado la facultad para fiscalizar los gastos de las dependencias públicas, pues anteriormente “solo era una oficialía de partes que utilizaba el gobierno del estado para pasar sus cuentas”.
Ante las irregularidades y el desaseo en el ejercicio fiscal 2017, el diputado Faustino de la Cruz consideró que el auditor Fernando Baz debió haber presentado su renuncia por sus omisiones.
“No tenemos a nadie sancionado, por eso es importante que reflexionemos que aquellos que mal aplicaron los recursos deben dar razón de ello, conforme a sus facultades y obligaciones, y debe haber sanciones”, señaló el legislador de Ecatepec.
El dictamen aprobado también instruye al Órgano Superior de Fiscalización, para que inicie procedimientos de responsabilidad administrativa y los envíe a las autoridades competentes.
La Comisión de Vigilancia dictaminó que la mala operación financiera del Instituto generó la deficiente detección de cáncer mamario y cérvico uterino y displasias en 2017, pues el 60 por ciento de los mastógrafos se reportó fuera de servicio y el 8.3 por ciento de los colposcopios no servían por falta de mantenimiento.
En el Informe de Resultados de la Universidad Autónoma del Estado de México se identificó que presenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un saldo de mil 130 millones de pesos, de cuotas retenidas a los trabajadores, pero que no fueron entregadas al ISSEMyM, además de diferencia de plazas nominales, cuentas por pagar, transgresiones en el pago de sueldos y prestaciones superiores a las autorizadas en el tabulador.
Respecto del ISSEMyM, el análisis detalla que las entidades públicas adeudan 6 mil 897 millones de pesos, presenta un déficit de 862 millones 33 mil pesos del Fondo Solidario de Reparto, lo que deriva en observaciones resarcitorias por $12.8 millones de pesos y 24 recomendaciones de evaluación de programas.
El dictamen requiere al OSFEM poner énfasis en la solventación de los recursos públicos ejercidos en 38 programas del gobierno estatal que obtuvieron resultados de regulares, pésimos y crítico, según el índice de desempeño.