Participantes en el foro “Certeza Jurídica de la Gubernatura Nacional Indígena” coincidieron en la necesidad de seguir impulsando la unidad de los pueblos originarios para la defensa de sus derechos, tierras y recursos naturales, así como para fortalecer sus propias formas de organización, participación y gobierno.
En el encuentro, que se llevó a cabo en el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso mexiquense, con el apoyo del diputado Max Agustín Correa Hernández, del Grupo Parlamentario de morena, participaron el titular de la Gubernatura Nacional Indígena (GNI), el mexiquense Hipólito Arriaga Pote, sus consejeros jurídico y de desarrollo urbano, Misael Toledo Ramírez y Arturo Chavarría Sánchez, y los activistas por los derechos indígenas Santiago Pérez Alvarado y Octavio de Jesús Palma, quienes también destacaron la oportunidad de promover proyectos y programas productivos para estos pueblos.
El gobernador Hipólito Arriaga y el consejero Misael Toledo recordaron que un objetivo de la GNI es la promoción del desarrollo comunitario, de las familias y las personas indígenas con herramientas como los proyectos productivos que podrán presentarse cada año en el Congreso de la Unión para la obtención de recursos.
Otros propósitos son lograr la justicia social que por siglos se les ha negado y la búsqueda de acceso a los mercados internacionales para colocar los productos indígenas y a los recursos que gobiernos e instancias internacionales tienen disponibles para los pueblos originarios del mundo.
También hicieron un llamado a los presentes para afiliarse a la gubernatura indígena, con el fin de elaborar los padrones necesarios que fundamenten la solicitud de estos recursos, así como para fortalecer esta primera experiencia de gobierno indígena emanada de las disposiciones constitucionales en la materia.
El consejero Arturo Chavarría expuso las experiencias de lucha comunitaria para detener obras de infraestructura que atentaban contra el ecosistema, como el entonces denominado Centro Internacional de Esquí de Toluca y ahora el Tren Interurbano México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Agregó que desde la perspectiva de la arquitectura es posible determinar si los gobiernos de cualquier orden respetan o no los denominados polígonos indígenas, y así avalar o no, en un primer momento, todo proyecto de obra pública e infraestructura.
Santiago Pérez se pronunció por luchar con la ley en la mano, pero también con una participación activa basada en el principio de la no violencia, y señaló que las exigencias de los pueblos originarios no tienen como fin el dinero, sino el derecho a un pago justo por las tierras, compensación con proyectos sustentables y ser consultados sobre esas obras.
Octavio de Jesús, quien ha sido delegado y comisario ejidal de San Juan de las Huertas, municipio de Zinacantepec, narró la oposición de su comunidad al proyecto en el nevado de Toluca y recordó que básicamente se opusieron para defender el agua, pues el centro de esquí propuesto implicaba un uso indiscriminado de este recurso.
En la parte final del encuentro, se pronunciaron por superar la indiferencia de no pocos pueblos originarios y sus habitantes, pues ésta ha facilitado que los gobiernos
impongan proyectos ajenos a ellos y que sigan padeciendo discriminación y sus derechos no se respeten.