El pasado 22 de noviembre, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que contemplan la creación de coordinadores estatales conocidos como “súperdelegados”, los cuales estarán encargados entre otras labores de coordinar acciones entre los gobiernos locales y el federal. La aparición de estas figuras trae a la esfera pública un debate añejo: el funcionamiento del federalismo en México.
Antes de la reforma se contaba con delegaciones federales en todas las entidades del país, éstas podían estar conformadas por diversos trabajadores que eran designados por el titular de la dependencia federal que así lo solicitara. Con la modificación legal, sólo una persona cumplirá este encargo y la misma será nombrada por el presidente de la república.
Un primer elemento para analizar el tema es que las delegaciones que se encuentran en cada estado para coordinar temas entre los gobiernos locales y el federal son poco conocidas. Datos de la encuesta realizada en vivienda por Parametría indican poco más de la población (56 por ciento) sabe que las dependencias de gobierno federal tienen personal que se encarga de vincular los trabajos con lo local; mientras que 44 por ciento desconoce de la existencia de éstas.
Otro elemento que da cuenta del poco interés que hay sobre la coordinación entre los estados y la federación son los bajos niveles de atención a la creación de los coordinadores estatales. Si bien se han escrito diversos artículos y notas periodísticas sobre cómo estos coordinadores pueden representar un contrapeso para los gobernadores y las implicaciones políticas que tendrían, la opinión pública no ha prestado gran atención al tema.
Sólo cuatro de cada diez mexicanos (39 por ciento) dijeron estar enterados de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador sustituirá a todos los delegados de las dependencias federales en los estados y en su lugar nombrará una persona con la tarea de coordinar los temas de cada estado.
Llama la atención que a pesar del poco conocimiento que se tiene de estos enlaces, poco más de la mitad de la población —el 55 por ciento—esté de acuerdo con que se sustituya a todos los delegados de las dependencias federales y en su lugar quede únicamente una persona. El desconocimiento en el tema indica que estas respuestas podrían ser producto del “bono electoral” del gobierno entrante y no de una opinión formada de la ciudadanía sobre estas figuras.
Las críticas más importantes que se han hecho a las delegaciones federales son la discrecionalidad de los gastos que ejercen, la falta de rendición de cuentas y el crecimiento burocrático que han tenido, se estima que en el país hay más de 500 oficinas de representantes federales, esta última fue la principal justificación para eliminarlas. No obstante, una de las preocupaciones que se tiene en torno a la creación de coordinadores estatales es la concentración de poder que pueden llegar a tener, pues se encargarían de la aprobación del gasto, licitaciones y vigilar programas sociales.
A pesar de ello, observamos cierto optimismo entre la ciudadanía con la creación de “súperdelegados”. El 53 por ciento de los encuestados considera que con el nombramiento disminuirá la corrupción en su estado, un problema no menor dado los casos que se han presentado. El 29 por ciento espera de forma contraria que haya más corrupción con el nuevo modelo.
Será interesante ver cómo se desarrolla la relación entre los gobiernos locales y la federación en la administración entrante. Si bien Morena será gobierno en cinco entidades, el resto de los estados tendrá que funcionar con congresos sin mayoría y con una nueva figura de contrapeso como son los “súperdelegados”, lo que sin duda alguna impactará en el funcionamiento del federalismo en México.
Artículo publicado el 26 de noviembre de 2018 en Animal Político
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