- Impulsa Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) vinculación de estos lugares con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
- Mejorará la seguridad para personas trabajadoras y consumidoras: diputada Joanna Felipe.
Para prevenir y reducir los delitos que se cometen en los comercios dedicados a preparar y servir bebidas alcohólicas y alimentos de consumo inmediato, como centros nocturnos, discotecas, bares, cantinas, restaurantes, plazas comerciales y similares, congresistas del PAN propusieron que autoridades estatales y municipales promuevan la vinculación de todos estos lugares con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), ya que actualmente sólo los de alto impacto deben hacerlo por ley.
La iniciativa de reforma a las leyes de Competitividad y Ordenamiento Comercial y la que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública, presentada por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres señala como ventajas de esta conexión una mejora en la seguridad y protección de personas empleadas y consumidoras; respuesta rápida y eficiente a emergencias; prevención del delito a través de cámaras y otros dispositivos conectados al C5, y reducción de gastos en seguridad para estos establecimientos.
La propuesta, turnada a comisiones para dictamen, determina que la conexión sea mediante la instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos en esos giros mercantiles; una agenda de coordinación con los gobiernos municipales y estatal, el C5 y la Secretaría de Seguridad; así como capacitación para la comunicación inmediata con la policía, bomberos y ambulancias.
Firmada también por el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, la iniciativa añade que, para poder operar, las unidades económicas deberán cubrir todos los requisitos de la agenda de coordinación para lograr la vinculación referida.
La congresista Joanna Felipe expuso que el Estado de México se encuentra entre los primeros cinco a nivel nacional por su número de bares, los cuales, cuando están debidamente regulados, contribuyen con hasta el 10 por ciento del producto interno bruto al sector de alimentos y bebidas, lo que hace necesario garantizar a la población seguridad y libertad para acudir a ellos.
Además, compartió el testimonio de una madre cuya hija fue drogada y privada de la libertad en uno de estos negocios, víctima de una de las muchas redes delictivas que operan en ellos, por lo que enfatizó es necesario considerar estrategias de prevención y atención de emergencias mucho más eficaces, que prioricen la coordinación y un vínculo efectivo entre autoridades, sociedad civil y la industria.