Tere López Zamudio.
El senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez propuso “muerte administrativa” para los funcionarios que cometan actos de corrupción, de modo que los corruptos queden inhabilitados para el servicio público de por vida.La propuesta presentada por el legislador coincide con la planteada el pasado 3 de octubre por el presidente de COPARMEX-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, quien pidió el respaldo legislativo para construir una ley que excluya a los corruptos de las funciones de gobierno.
Así la “muerte política o administrativa”, inspirada en la ley peruana de “Muerte Civil”, propone establecer sanciones que impidan a los corruptos seguir incurriendo en faltas administrativas, para impedir que privilegien sus intereses particulares con los recursos públicos.
Con el mismo tono planteado por el representante empresarial, el senador Preciado explicó que ante el serio problema de corrupción que enfrenta el país, urge reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de inhabilitar de manera permanente al servidor público que realice alguna falta grave, de modo que no puedan ocupar ningún cargo público.
El Senador subrayó que México ocupa el primer lugar en corrupción entre los 35 países que integran la OCDE y aseguró que el problema radica en la excesiva impunidad, en el nulo castigo para los corruptos.
A decir de la Confederación Patronal la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos anuales, lo que significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y de acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de Transparencia Internacional (IT), nuestro país ocupa el lugar 95 de 168 países.
Jesús Padilla subrayó que con los recientes sismos ocurridos el mes pasado han puesto en tela de juicio la actuación de funcionarios públicos a nivel nacional, quienes por acción u omisión, podrían tener responsabilidades en las afectaciones de los movimientos telúricos.
El representante de los empresarios alertó sobre el riesgo de que el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales sean manipulados por grupos de poder para construir sistemas “a modo”.
Padilla Zenteno señaló que hasta hoy no existe una ley que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda ni postularse a cargos de elección popular para evitar que consiga tener fuero ni pasar a otro encargo en la función pública.
“El pacto social que nos dio una forma de organizarnos en comunidad fue para bien administrar nuestros recursos y potenciar cada una de las fuerzas individuales con el fin de crecer colectivamente hacia un mejor estado de cosas”, dijo Jesús Padilla.
La iniciativa presentada por Jorge Luis Preciado Rodríguez se envió a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
Tomado de e-Legislativo.mx