Dado que el PRI renunció al financiamiento del INE, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) vigilará que el proceso electoral de 2018 se desarrolle de forma transparente y sujeto a la legalidad, sobre todo que se implementen mecanismos de fiscalización para evitar que dinero del crimen organizado se filtre en las campañas electorales, alertó Octavio Martínez Vargas, secretario Electoral del Comité Nacional del instituto político.Recordó que presumiblemente la constructora Odebrecht financió la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, con 10 millones de dólares, a través de Emilio Lozoya Austin, estando al frente de Pemex. Lo mismo, apuntó, se sospecha de la firma Obrascón Haurte Lain (OHL) de que es el medio que utilizan los gobiernos priistas para financiar sus campañas.
“Para la democracias mexicana y para la sociedad, sería grave que por un lado el partido tricolor renuncie a recursos públicos y por otro utilice empresas extranjeras y nacionales para que le hagan aportes a cambio de contratos que les representan importantes ganancias como la ampliación de títulos de concesión de autopistas como es el caso de OHL y contratos millonarios como el de Obredecht”.
Indicó que se deben establecer todas las medidas preventivas para frenar la ingobernabilidad, que impera durante los procesos electorales como ya se observó en la elección de Gobernador en la entidad mexiquense, donde fluyó sin medida recurso federal y estatal.
“Los ciudadanos merecen que todos los actores garanticemos la paz y gobernabilidad antes, durante y después de la jornada electoral”.
Señaló que la elección de Gobernador en el estado de México fue el termómetro de lo que puede suceder en las elecciones del 2018, “no fue la más ejemplar porque se dio un dispendio de recursos públicos para atraer a los votantes”.
Apuntó que pese a la reforma electoral existen vacíos legales entre la relación que guardan el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPL´s), de tal forma que las atribuciones, independencia, funcionalidad y autoridad de estos últimos queda disminuida y se generan conflictos en la coordinación de ambas instancias.
De ahí, que hizo un llamado para que todos se conduzcan con responsabilidad y el proceso electoral del 2018 esté sujeto a la legalidad.
Llamó también a que la contraloría del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado se centren en la vigilancia de los recursos públicos y evitar que estos sean utilizados con fines electorales.