- Había acaparamiento de miles de concesiones entregadas sin regulación.
- El PRIAN intentó bloquear la reforma para sostener el esquema de privilegios.
- Hoy, se ordena, vigila y se recuperan los acuíferos de todo el país a favor del pueblo.
En el marco del aniversario del séptimo aniversario de la Transformación del país, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja afirmó que la reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales por el Congreso de la Unión representa un avance histórico para el país, al reconocer el agua como un derecho humano y restituir la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos.
A través de un video colocado en sus redes sociales, Ricardo “El Tigre” Mejía señaló que esta decisión legislativa corrigió décadas de abuso y descontrol derivados de la reforma de 1992, impulsada por el gobierno de Carlos Salinas, que permitió la dispersión y el acaparamiento de miles de concesiones entregadas en todo el país sin regulación; por lo que puntualizó que dichos actos provocaron presiones severas sobre ríos, cuencas y mantos acuíferos en perjuicio de millones de familias mexicanas.
Mejía Berdeja, quien preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados afirmó que con este nuevo marco jurídico “la nación recuperó el control de sus recursos hidráulicos”, lo que ha generado una enorme inconformidad en las bancadas del PRI y el PAN. Explicó que ambos partidos insistieron en bloquear la reforma para sostener el esquema de privilegios que mantuvo durante décadas la administración del agua en manos de unos cuantos. Sostuvo que la transparencia y el interés público guiaron cada artículo de la Ley, pese a los intentos de frenar su votación mediante tácticas parlamentarias.
Ricardo “El Tigre” Mejía informó que el dictamen garantiza una de las principales demandas del sector agrario: la posibilidad de transmitir derechos de agua a terceros. Aclaró que un ejidatario podrá heredar o transferir el recurso a su familia o a su núcleo agrario sin perder vigencia. Además, precisó que esta definición jurídica vincula el binomio “tierra-agua”, de modo que toda transferencia de dominio mantendrá asociada su concesión hasta cumplir el plazo autorizado y permitiendo posteriores gestiones de ampliación.
Mejía Berdeja desmintió categóricamente que la nueva Ley prohíba una transmisión de tierras con sus derechos de agua, como difundieron legisladores del PRI y el PAN; además, el legislador petista argumentó que esa versión fue una estrategia para desinformar a productores, campesinos y organizaciones rurales. Explicó que, por el contrario, el diálogo directo con estos grupos permitió incorporar mejoras sustanciales al proyecto original y fortalecer garantías para núcleos agrarios.
El legislador agregó que cuando la oposición quedó sin argumentos, recurrió a la exigencia de una consulta a pueblos originarios, aún cuando la propia Ley establece que toda decisión que los afecte deberá ser consultada conforme a la Constitución. Señaló que ese recurso fue empleado con fines dilatorios y sin un sustento jurídico real. Afirmó que se trató de una postura contradictoria, especialmente por parte de partidos que históricamente ignoraron las necesidades de las comunidades indígenas.
Mejía Berdeja, ex subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, recordó episodios de violencia como Acteal, Aguas Blancas y San Salvador Atenco para evidenciar, dijo, la falta de compromiso de los gobiernos del PRI y del PAN con los derechos de los pueblos originarios. Por el contrario, cuestionó que ahora hayan intentado presentarse como sus defensores, pese a que ninguna de sus bancadas tiene representación indígena. Subrayó que el Partido del Trabajo (PT) y Morena sí integran legisladores provenientes de comunidades.
El legislador federal por Coahuila retomó palabras del legislador federal José Luis Sánchez, quien calificó esa postura opositora como “indigenismo de opereta”. Explicó que, al señalar que la Ley violaba la Constitución, los partidos de oposición fueron exhortados a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Recordó que para ello se requieren 166 firmas, una cifra que PRI y PAN no alcanzan, pues juntos apenas superan medio centenar de diputaciones.
En este contexto, Mejía Berdeja reiteró que la reforma aprobada moderniza el sistema de administración del agua y dota al Estado de instrumentos claros para planificar, regular y proteger los recursos hídricos del país. Subrayó que esta nueva arquitectura legal permitirá corregir rezagos, evitar abusos y garantizar el acceso equitativo al agua como un derecho fundamental. Dijo que el dictamen asegura un equilibrio entre necesidades sociales, productivas y ambientales.
El legislador enfatizó que el país requería una legislación que pusiera fin al modelo privatizador instaurado en la década de los años noventa y que fortaleciera las capacidades institucionales frente a la crisis hídrica. Indicó que la nueva Ley responde a ese propósito mediante estrategias de ordenamiento, vigilancia y recuperación de acuíferos, todo a favor del pueblo de México.
Mejía Berdeja sostuvo que el trabajo legislativo continuará con leyes secundarias y ajustes complementarios para asegurar la correcta implementación y, explicó que, el Congreso deberá dar seguimiento puntual a la actualización de concesiones, la integración de padrones, el monitoreo de cuencas y el fortalecimiento de organismos operadores. Aseguró que el grupo parlamentario del PT acompañará cada etapa para evitar retrocesos.