Por unanimidad, la 60 Legislatura mexiquense aprobó elevar a rango constitucional la obligación del Estado de México y de los municipios de impartir, además de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, también educación inicial y superior a todos los mexiquenses.
En sesión plenaria presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena), el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Anuar Azar Figueroa, leyó el dictamen a la iniciativa que adiciona el artículo 5 de la Constitución Política estatal con este propósito.
Conforme al proceso legislativo para toda iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal, la Directiva ordenó remitirla a los municipios mexiquenses para que se pronuncien al respecto y la califiquen.
Conforme a la propuesta del diputado Azar Figueroa y su compañero de bancada Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, la propuesta plantea armonizar la máxima norma mexiquense con la Constitución Política federal, la que, desde mayo pasado, también incorpora esta obligación en su artículo 3º.
De acuerdo con esta disposición, la enseñanza inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y hacer efectivo su cumplimiento. Actualmente, prosigue el dictamen respectivo, la Constitución del Estado de México refiere que todo individuo tiene derecho a recibir educación, pero limita la obligatoriedad del gobierno estatal y los municipios a impartirla solamente en los niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior.
Agrega que con esta reforma se atiende también lo que dispone el Plan Estatal de Desarrollo, que en el eje denominado ‘Materia Educativa’ pretende retomar las propuestas de la Agenda 2030 al respecto, como el acceso igualitario al sistema educativo; el desarrollo de la primera infancia y la educación preescolar, y la cobertura y eficiencia terminal de la educación básica, media superior y superior, teniendo como eje rector el aprendizaje y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida de los estudiantes.
Agrega que los retos que la nueva sociedad del conocimiento plantea a nuestro país “implican que debe contar con una población preparada para responder a los desafíos nacionales y para competir eficazmente con nuestros socios comerciales en actividades productivas y que, a la vez, esa población esté constituida por las ciudadanas y los ciudadanos responsables, solidarios, participativos y críticos que una democracia moderna requiere”.