Al exigir al Instituto Nacional Electoral (INE) que se apriete el cinturón, administre mejor y transparente el gasto del recurso público, el Secretario Electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Nacional, Octavio Martínez Vargas, aseveró que se necesita un INE fuerte, confiable y transparente para coordinar los procesos electorales del 2017 y 2018 que se avecinan.Después de que se difundió en los medios que el INE gasta 227.5 millones de pesos anuales en la renta de mil 96 autos, además del costo de mil 100 millones de pesos para la construcción de las oficinas centrales de este instituto, Octavio Martínez Vargas, exhortó a este organismo público a que no derroche el dinero en gasto corriente, reduzca los gastos personales e innecesarios y sobre todo, se apegue a los principios de transparencia y legalidad.
El integrante del Secretariado Nacional del PRD, Martínez Vargas, destacó, que el INE coordinará el próximo año los procesos electorales en 4 estados y en el 2018 este instituto organizará los trabajos de la elección presidencial y la renovación de los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal, por lo que se necesita un INE sólido, confiable, transparente y austero.
Por otro lado, demandó a esta institución revisar el rol de sus servidores públicos para que trabajen con honestidad y rectitud y no se den casos, como el que recién se difundió, sobre la funcionaria pública del INE de nombre Silvia “N” a quien le dictaron auto de formal prisión por participar en la expedición de credenciales para votar a menores de edad.
Afortunadamente, señaló, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, logró desarticular al grupo de funcionarios que se dedicaban a vender las credenciales en el módulo de la Junta Distrital de Metepec en el Estado de México, los cuales se presume cobraban alrededor de 3 mil 500 pesos por tramitar la credencial de elector a los menores de edad.
Finalmente, reiteró, el INE debe de supervisar el rol de sus servidores públicos para que no cometan irregularidades en su trabajo institucional.